Una casa pertenece a dos o más personas y una de ellas quiere vender, pero otro copropietario se niega. ¿Puede esa negativa impedir definitivamente la venta del inmueble?
En Colombia existen mecanismos legales para terminar una copropiedad incluso cuando no existe acuerdo entre todos los propietarios.
La herramienta judicial que normalmente debe analizarse en estos casos es el proceso divisorio, mediante el cual un copropietario puede solicitar la división del bien o, cuando jurídicamente corresponda, su venta.
En Duque Ortiz Abogados contamos con experiencia en procesos civiles, conflictos de propiedad, copropiedad inmobiliaria y procesos divisorios. Analizamos cada asunto desde su estructura registral, económica y procesal para determinar la estrategia adecuada frente al propietario que se niega a vender.
Es necesario hacer una precisión.
Un copropietario no puede simplemente obligar al otro a firmar voluntariamente una escritura de compraventa.
Sin embargo, la negativa del otro propietario tampoco significa necesariamente que la casa deba permanecer indefinidamente en copropiedad.
El Código General del Proceso contempla un mecanismo judicial para solicitar la terminación de esa comunidad.
El artículo 406 establece que todo comunero puede pedir la división material de la cosa común o su venta para que posteriormente se distribuya el producto.
Por esta razón, cuando no existe acuerdo voluntario, puede analizarse la presentación de una demanda de proceso divisorio.
Imagine una casa que pertenece en partes iguales a dos hermanos.
Uno quiere vender porque necesita disponer de su patrimonio. El otro responde constantemente que nunca venderá.
Si ambos tuvieran que permanecer de acuerdo obligatoriamente para terminar la copropiedad, bastaría la negativa permanente de uno de ellos para mantener al otro vinculado al inmueble de manera indefinida.
Precisamente el proceso divisorio permite acudir ante un juez para resolver esta situación.
Dependiendo de las características del inmueble, el proceso puede conducir a una división material o a la venta de la cosa común.
La legislación distingue entre bienes que pueden dividirse materialmente y aquellos cuya división no resulta jurídicamente procedente.
El artículo 407 del Código General del Proceso establece que la división material procede cuando el bien puede partirse sin que los derechos de los copropietarios se desmejoren por el fraccionamiento.
En los demás casos procede la venta.
Esto tiene especial importancia cuando estamos hablando de una casa, apartamento u otro inmueble cuya división física pueda resultar impracticable o perjudicial para los derechos económicos de sus propietarios.
Será necesario estudiar cada inmueble particularmente.
No se requiere que todos los copropietarios estén de acuerdo para que uno de ellos solicite judicialmente la división o venta.
La propia estructura del proceso divisorio parte de la existencia de una controversia entre comuneros.
La demanda debe dirigirse contra los demás copropietarios y debe acreditarse jurídicamente que las personas involucradas son condueñas del bien.
Por eso, antes de iniciar cualquier proceso, es fundamental establecer quién aparece realmente inscrito como propietario.
En un proceso divisorio sobre una casa o cualquier otro inmueble deben analizarse, entre otros documentos:
certificado de tradición y libertad;
escritura pública o título mediante el cual se adquirió el inmueble;
información sobre el porcentaje correspondiente a cada propietario;
antecedentes registrales;
información sobre hipotecas, embargos u otras limitaciones;
documentación relacionada con mejoras cuando corresponda;
y dictamen pericial.
El artículo 406 del Código General del Proceso exige que, tratándose de bienes sujetos a registro, se presente el certificado correspondiente sobre la situación jurídica y tradición del bien.
Además, el demandante debe aportar un dictamen pericial que determine el valor del inmueble, el tipo de división procedente, la eventual partición y el valor de las mejoras cuando estas sean reclamadas.
Una manifestación como “yo nunca voy a vender” puede impedir inicialmente una negociación voluntaria, pero no elimina los derechos que la legislación reconoce a los demás copropietarios.
La controversia puede trasladarse al escenario judicial.
Allí ya no se trata simplemente de convencer al otro propietario.
Se trata de establecer, conforme a la ley y a las características del inmueble, si procede la división material o la venta.
Por esta razón, cuando una negociación lleva meses o años sin producir ningún resultado, resulta conveniente estudiar si existen condiciones para iniciar el correspondiente proceso divisorio.
Cuando dentro del proceso se establece que corresponde la venta de la cosa común, el procedimiento puede avanzar hacia la realización judicial del bien conforme a las reglas previstas por el Código General del Proceso.
No debe confundirse esto con obligar físicamente a una persona a firmar voluntariamente un negocio que no desea celebrar.
La diferencia es importante.
La salida jurídica consiste en utilizar el procedimiento judicial previsto para terminar la comunidad.
No todos los propietarios que participan en un proceso divisorio quieren que el inmueble termine en manos de un tercero.
En ocasiones uno de ellos desea conservar la propiedad.
Esta situación también debe analizarse estratégicamente.
El Código General del Proceso regula mecanismos dentro del proceso divisorio que pueden resultar relevantes para un copropietario interesado en adquirir los derechos de los demás.
Entre ellos se encuentra el derecho de compra, cuya procedencia, oportunidad y condiciones deben revisarse según las circunstancias concretas del proceso.
Por ello resulta fundamental identificar desde el comienzo cuál es el verdadero objetivo del cliente:
vender su participación, conseguir la venta completa del inmueble, conservar la propiedad o adquirir la participación correspondiente a otro copropietario.
Es frecuente que un inmueble perteneciente a varias personas sea utilizado exclusivamente por uno de los copropietarios.
El hecho de que una persona habite el inmueble no convierte automáticamente a los demás propietarios en personas sin derechos sobre él.
Sin embargo, las circunstancias relacionadas con posesión, utilización, gastos, mejoras y demás situaciones particulares deben estudiarse de forma independiente.
No es aconsejable iniciar un proceso sin revisar previamente estos elementos porque pueden existir controversias adicionales que influyan en la estrategia.
Otro conflicto frecuente aparece cuando uno de los propietarios afirma que invirtió dinero en remodelaciones, ampliaciones, reparaciones u otras mejoras.
El Código General del Proceso contempla expresamente las mejoras dentro del proceso divisorio.
Cuando deban reclamarse, será necesario determinar su existencia, naturaleza, valor y soporte probatorio.
Facturas, contratos, comprobantes bancarios, fotografías y demás documentos pueden resultar relevantes para su análisis.
No necesariamente.
La distribución depende principalmente de los derechos de propiedad correspondientes a cada comunero y de las situaciones económicas que jurídicamente deban ser consideradas.
Si dos personas son propietarias cada una del 50 %, esa participación tendrá relevancia.
Pero si una persona posee el 70 % y otra el 30 %, la existencia de dos propietarios no significa automáticamente que el producto deba dividirse por mitades.
Por esta razón resulta indispensable verificar primero el certificado de tradición y los títulos correspondientes.
Una hipoteca no debe ignorarse.
Lo mismo ocurre cuando existen embargos, usufructos, afectaciones, patrimonio de familia, demandas inscritas o cualquier otra limitación sobre el inmueble.
Antes de presentar una demanda divisoria debe revisarse la situación registral completa del bien.
En Duque Ortiz Abogados efectuamos este análisis previamente porque la estrategia jurídica no debe construirse únicamente alrededor de la negativa del otro propietario: también debe considerar la situación real del inmueble.
Esta es una de las situaciones más frecuentes.
Después de una sucesión, varios herederos pueden terminar siendo propietarios de un mismo inmueble.
Posteriormente pueden surgir diferencias:
uno quiere vender, otro quiere conservarlo, otro vive dentro del inmueble y otro simplemente no responde.
En esas circunstancias debe determinarse primero cuál es la situación jurídica de la sucesión y de la propiedad.
Si jurídicamente ya existe una copropiedad, puede estudiarse la procedencia de las herramientas correspondientes para terminarla.
También son frecuentes los conflictos entre exparejas que aparecen registradas como propietarias de un mismo inmueble.
Después de terminar la relación, una persona puede querer vender mientras la otra pretende conservar la propiedad o impedir la negociación.
Aquí debe diferenciarse entre la simple copropiedad y otras situaciones derivadas de sociedad conyugal, sociedad patrimonial, liquidaciones o acuerdos existentes entre las partes.
Antes de iniciar el proceso es necesario identificar exactamente de dónde provienen los derechos de cada propietario.
No existe una regla que obligue al propietario interesado en terminar la comunidad a realizar negociaciones indefinidas esperando que algún día el otro cambie de opinión.
Antes de acudir a la vía judicial puede ser útil intentar una negociación seria cuando existan condiciones reales para lograr un acuerdo.
Pero cuando el bloqueo es definitivo, continuar realizando las mismas conversaciones durante años puede simplemente prolongar el problema.
En ese momento resulta necesario analizar las herramientas judiciales disponibles.
La expresión “obligar a vender” describe perfectamente lo que muchas personas sienten cuando llegan a nuestra firma: tienen patrimonio atrapado en una propiedad porque otra persona se niega a negociar.
Jurídicamente, el trabajo debe estructurarse correctamente.
En Duque Ortiz Abogados estudiamos:
quiénes son los propietarios;
qué porcentaje tiene cada persona;
cómo se adquirió la propiedad;
cuál es el estado registral;
cuánto vale el inmueble;
si puede dividirse materialmente;
si corresponde solicitar su venta;
si existen mejoras;
si existen gravámenes;
y cuál es el objetivo económico del cliente.
A partir de ese estudio se determina la estrategia procesal correspondiente.
Duque Ortiz Abogados desarrolla representación jurídica en asuntos civiles y patrimoniales relacionados con propiedad inmobiliaria y conflictos entre copropietarios.
La dirección estratégica de la firma es liderada por el Dr. Camilo Andrés Duque, quien participa en la estructuración jurídica de asuntos que requieren análisis litigioso y patrimonial.
Nuestra metodología busca que el proceso no se presente de manera improvisada.
Un conflicto sobre una casa puede involucrar una parte importante del patrimonio de nuestros clientes, por lo que la demanda, la prueba, el avalúo y la estrategia deben analizarse desde el comienzo.
Si actualmente enfrenta un conflicto de copropiedad, dentro de nuestro sitio puede consultar también nuestras guías específicas:
¿Un Copropietario No Quiere Vender? Esta es la Solución, dirigida específicamente a los casos en los que otro propietario bloquea una negociación.
Proceso Divisorio: Cómo Vender una Propiedad entre Varios Dueños, donde explicamos el procedimiento para terminar jurídicamente una copropiedad.
Esta página, en cambio, responde específicamente a la pregunta que muchas personas realizan antes de iniciar una demanda: ¿puedo conseguir que se venda una casa aunque otro copropietario no quiera?
La respuesta es que debe estudiarse la procedencia del proceso divisorio y determinar si, conforme a las características jurídicas del bien, corresponde solicitar su venta.
Si otro propietario se niega a vender una casa, apartamento, finca, lote u otro inmueble que también le pertenece, podemos revisar la documentación y establecer cuáles son las alternativas jurídicas disponibles.
Nuestros canales oficiales son:
Correo: atencionalcliente@abogadosdo.com
Página web: www.abogadosdo.com
Teléfono y WhatsApp: 310 551 8704
La firma atiende presencialmente en Bogotá y presta atención virtual en diferentes ciudades de Colombia.
Para evitar suplantaciones, confirme cualquier comunicación directamente a través de estos canales antes de entregar información, documentación o efectuar pagos.
¿Puedo obligar a mi hermano a vender una casa heredada?
Cuando jurídicamente existe una copropiedad y no existe acuerdo para terminarla, puede estudiarse la procedencia de un proceso divisorio para solicitar la división o venta del inmueble.
¿Qué hago si soy dueño del 50 % y el otro propietario no quiere vender?
Debe analizarse la situación registral del inmueble y determinar si resulta procedente solicitar judicialmente la terminación de la comunidad.
¿Puedo pedir la venta aunque tenga un porcentaje pequeño de la propiedad?
El artículo 406 del Código General del Proceso establece que todo comunero puede pedir la división material de la cosa común o su venta. La situación particular debe revisarse documentalmente antes de presentar la demanda.
¿Hay que vender necesariamente la casa a un tercero?
No necesariamente en todos los casos. Existen diferentes escenarios dentro de un proceso divisorio y pueden adquirir relevancia mecanismos como el derecho de compra.
¿Qué pasa si el otro propietario vive en la casa?
La ocupación del inmueble debe estudiarse junto con los títulos, porcentajes de propiedad y demás circunstancias del caso. Por sí sola no debe confundirse con la desaparición de los derechos de los demás copropietarios.
¿Se puede hacer un proceso divisorio sobre un apartamento?
Puede analizarse siempre que exista jurídicamente una situación de comunidad sobre el inmueble y se cumplan los demás presupuestos correspondientes.
¿Necesito abogado para iniciar este proceso?
La representación judicial dependerá de las reglas procesales aplicables al asunto concreto. Debido al componente registral, pericial, patrimonial y procesal de estos litigios, resulta recomendable realizar un estudio jurídico antes de presentar la demanda.



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