Daños Causados A Líderes Sociales Y Defensores De Derechos Humanos

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DAÑOS CAUSADOS A LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

DAÑOS CAUSADOS A LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

¿Quien responde por las muertes a líderes sociales y defensores de derechos humanos? 

Desde hace muchas décadas estamos afrontando la represión y homicidios a nuestros líderes sociales y defensores de derechos humanos principalmente campesinos, indígenas y afros, como si ser parte del cambio fuera un delito y la justicia no actúa para protegerlos.

Estos hechos se presentan por el dominio de territorio de grupos terroristas, narcotraficantes y pequeños grupos que se disputan el microtrafico.

El estado está en la obligación de proteger a los lideres, miembros políticos y en general a toda la población y debido a estos hechos la nación tiene demandas por haberles retirado el esquema de seguridad a líderes amenazados y en zonas de conflicto armado, además de esto también se registran billonarias demandas por muertes causadas a manos de grupos terroristas.

DAÑOS CAUSADOS A LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Aunque se ha incentivado la protección al ciudadano y la presión al terrorismo es insuficiente y el gobierno nacional no ofrece alternativas para frenar la ola de violencia que se ha registrado.

De acuerdo con la contraloría “entre 2015 y 2017 se dedicaron $ 978.295 millones a medidas en pro de personas amenazadas, lo que representa el 61 por ciento de los recursos invertidos en esquemas de seguridad. El otro 39 por ciento, $ 618.307 millones, se invirtió para protección a personas “en virtud de cargos o dignidades”

A pesar de estas cifras sigue siendo el estado el responsable por la seguridad de los activistas sociales, pacifistas y ciudadanos que por hechos violentos han perdido la vida.

Contáctenos si considera que fue víctima de este delito:


DUQUE ORTIZ ABOGADOS
310-5518704
atencionalcliente@abogadosdo.com

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CAMILO A. DUQUE
Abogado civil y de familia, Redactor, Conciliador extrajudicial, generador de estrategias y negocios – universidad la Gran Colombia

Demanda Administrativa Contra El Ministerio De Minas, La Agencia Nacional De Hidrocarburos Y Ecopetrol

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DEMANDA ADMINISTRATIVA CONTRA EL MINISTERIO DE MINAS, LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y ECOPETROL

DEMANDA ADMINISTRATIVA CONTRA EL MINISTERIO DE MINAS, LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y ECOPETROL

Las demandas administrativas en contra del ministerio de minas, la agencia nacional de hidrocarburos y ECOPETROL particularmente hablando, se debe principalmente a los daños ambientales que produce, ha producido y producirán.

Nuestros abogados cuentan con la experiencia en estos temas, por lo tanto no dude en consultarnos para evaluar su caso y brindar asistencia inmediata.

¿Por que abordamos este tema? Es necesario remontarnos hacia el pasado para ver que el daño ambiental no era alto, la deforestación, calidad del aire, tamaño de las ciudades no era elevado – en la actualidad podemos evidenciar que los bosques cada vez son menos, el aire tiene partículas contaminantes cada vez más grandes, el crecimiento de las ciudades es mayor produciendo daños irreparables al medio ambiente y todo esto se está dando a una gran velocidad.

La minería legal e ilegal dan como resultado extracción de materiales valiosos, pero a costa del daño ambiental y degenerativo, además del daño a la salud de quienes viven cerca de los sitios donde se dan estas prácticas.

DEMANDA ADMINISTRATIVA CONTRA EL MINISTERIO DE MINAS, LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y ECOPETROL

Pero regresando al primer punto, estas tres entidades son las más demandadas en Colombia debido a los perjuicios que generan a la sociedad, concibiendo sentencias por más de 62 billones de pesos.

Estas demandas se deben a daños ambientales, malas condiciones laborales de sus empleados, omisión de funciones, manejos deficientes en el sector hidrocarburos como el daño por su derrame, deficiencia en la prestación de servicio eléctrico, entre otros.

Si bien es cierto, todos estos factores deterioran la salud y la calidad de vida de quienes habitan y circunscriben cerca de los territorios donde operan estas entidades y otorgan permisos de labores, así que al ver los resultados se establece que el funcionamiento o administración de estas entidades no está bien encaminada y se está corrompiendo hacia intereses de terceros.

DEMANDA ADMINISTRATIVA CONTRA EL MINISTERIO DE MINAS, LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y ECOPETROL

Recuerde que si sufre alguna enfermedad a causa de estas actividades, evidencia daños ambientales, su territorio se encuentra en grave afectación por las labores sin estudios previos,  siente que sus derechos como ciudadano está siendo vulnerado puede contactarnos y nuestro grupo de abogados evaluara su caso para enseñar el procedimiento que puede generar y actuar en su beneficio.

Contáctenos si considera que fue víctima de este delito:

 

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CAMILO A. DUQUE
Abogado civil y de familia, Redactor, Conciliador extrajudicial, generador de estrategias y negocios – universidad la Gran Colombia

Negligencia Médica Administrativa O Civil En Colombia

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NEGLIGENCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA O CIVIL EN COLOMBIA

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La negligencia médica en Colombia es un tema recurrente, principalmente en temas estéticos pero sin dejar de lado aquellas prácticas medicas vitales para garantizar el derecho a la salud y la vida digna.

Frente al punto estético se debe garantizar efectos de resultado y no de medio, refiriéndonos a que un paciente puede decidir como quedar al final de la cirugía y el médico debe cumplir con ese mandato, pero en caso de no poder hacerlo, debe ser claro con el paciente antes de la practica.

En las cirugías medicas, la principal responsabilidad del profesional es garantizar que se mitigue el problema de salud y garantizar una calidad de vida estable y duradera, por ejemplo una apendicitis, aunque pueda dejar una cicatriz lo importante será evitar que se agrave el estado de salud y salvaguardar la vida del paciente.

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¿Por qué se presenta el daño en el paciente? Debido a la mala praxis médica se genera daño físico o sicológico por error médico, error de diagnostico, protocolos médicos erróneos, principalmente por falta de pericia u omisión del deber profesional del médico, o por no realizarse el procedimiento en lugares adecuados para tal fin, generando infecciones, falta de controles posquirúrgicos entre otros.

¿Quién debe responder en caso de existir negligencia médica? Principalmente se debe analizar si se cumplieron con los protocolos y el efecto que debía producir la cirugía.

El error médico responsabiliza al profesional de manera individual en primera medida a quien se le puede iniciar un proceso civil para la reparación de los daños.

Cuando el daño se ha presentado en una clínica particular la responsabilidad es de tipo civil y tanto el profesional como la institución deberán responder penal y civilmente para resarcir  los daños físicos, económicos, psicológicos, etc.

El error médico responsabiliza al profesional de manera individual en primera medida a quien se le puede iniciar un proceso civil para la reparación de los daños.

Nuestros abogados cuentan con la experiencia en estos temas, por lo tanto no dude en consultarnos para evaluar su caso y brindar asistencia inmediata.

Para la representación legal, nuestros abogados realizaran un análisis de viabilidad en el cual indicaremos los documentos, pruebas y demás datos de importancia para generar el proceso judicial y que se reconozca lo que por derecho se debiera dar.

ABOGADOS ADMINISTRATIVOS - DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO

Siempre recomendamos en cuanto a cirugías estéticas revisar que sea un profesional autorizado por la secretaria de salud, con experiencia verificable y con las pruebas suficientes para determinar que sea idóneo en su labor; evitar realizarlo en clínicas no autorizadas o con falsas promesas ya que si algo llega a ocurrir nadie  le responderá por los daños a su salud e integridad.

Contáctenos si considera que fue víctima de este delito:

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CAMILO A. DUQUE
Abogado civil y de familia, Redactor, Conciliador extrajudicial, generador de estrategias y negocios – universidad la Gran Colombia

CONDENADO INJUSTAMENTE Y DECLARADO INOCENTE – DEMANDAS AL ESTADO

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CONDENADO INJUSTAMENTE Y DECLARADO INOCENTE – DEMANDAS AL ESTADO

CONDENADO INJUSTAMENTE Y DECLARADO INOCENTE – DEMANDAS AL ESTADO

En Colombia hemos escuchado casos en los cuales personas han sido condenadas por diferentes delitos, años después son declarados inocentes, pero esto no se detiene en ese punto ya que el daño psicológico, social, familiar, personal entre otros ya se ha causado por no generarse una investigación completa.

Nuestros abogados cuentan con la experiencia en estos temas, por lo tanto no dude en consultarnos para evaluar su caso y brindar asistencia inmediata.

¿Quién responde? Es una pregunta que muchos se hacen y es necesario aclarar que no recae la responsabilidad sobre el abogado de victimas o sobre el fiscal a título personal, – a menos que hayan incurrido en acciones ilícitas para formalizar el proceso – pero si sobre la entidad directamente, por lo que se puede iniciar un proceso en contra del estado para la reparación económica una vez se haya concluido que es inocente.

El tiempo no se puede recuperar pero los daños económicos si, aunque parezca insatisfactorio puede ser equitativo.

¿Qué hacer si considera que es inocente y hay un fallo en contra? Una vez terminado el proceso y se emite fallo condenatorio se asume que el proceso ha finalizado conforme a la ley, pero si posterior a esto aparece una prueba que puede causar una duda, o puede dar fe de que los hechos no fueron como se plantearon en el juicio se deberá recurrir a la Corte Suprema De Justicia para interponer la acción de revisión, esto quiere decir que se abre una oportunidad más para demostrar la inocencia de quien ya fue juzgado.

demandas contra el estado

Siendo esto un incentivo para que la ley no quede impune, se abren las puertas a una nueva investigación, demorada debido a la exhaustiva investigación que se debe iniciar nuevamente y compleja porque todo caso reabierto tiene una doble carga procesal, ya que no solo debe probar los nuevos hechos en el juicio sino que el abogado deberá llevar a cuestas el fallo que lo ha declarado culpable anteriormente.

De esta manera es posible que se haga justicia y que quienes no hayan cometido delitos puedan ser eximidos de responsabilidad.

¿Por qué ocurren estos hechos de injusticia? Se han presentado casos en los que se quieren resultados inmediatos por parte de las autoridades, catalogados como falsos positivos en los que por el afán de dar resultados impulsados por los medios de comunicación o la misma ciudanía, se termina juzgando al primer indiciado.

En otras oportunidades por hechos de corrupción dentro de las entidades jurisdiccionales como se ha demostrado en hechos recientes, y por ultimo por la mala práctica investigativa de la fiscalía, en la que no se genera la recolección propia de pruebas para identificar al verdadero culpable omitiendo el principio de la presunción de inocencia al que todo colombiano debe incluirse.

Además de lo anterior puede sumarse la carga procesal al que se someten los jueces y las pocas herramientas con que cuenta el ente investigador, generando recurrentes errores que permite evidenciar inocentes en las cárceles y delincuentes en las calles.

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CAMILO A. DUQUE
Abogado civil y de familia, Redactor, Conciliador extrajudicial, generador de estrategias y negocios – universidad la Gran Colombia

Abogados de familia – Derecho de Familia

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ABOGADOS DE FAMILIA - DERECHO DE FAMILIA

derecho de familia abogados de familia

El Derecho de familia regula fundamentalmente tres aspectos:

  • a) El matrimonio, a su vez, comprende las normas jurídicas relativas tanto a su celebración, como a sus efectos personales y económicos, incluidos los regímenes económicos matrimoniales, y las distintas situaciones de crisis como son la nulidad, la separación y el matrimonio.
  • b) La filiaciónincluye tanto la filiación matrimonial como la extramatrimonial y la adoptiva, y en último lugar la patria potestad.
  • c) La tutela comprende el conjunto de normas jurídicas referentes a la guarda y protección de menores o incapacitados no sujetos a la patria potestad.

El derecho de familia consiste en un conjunto de estatutos y precedentes que rigen las responsabilidades legales entre individuos que comparten una conexión doméstica.

Generalmente involucran a personas que están relacionadas por consanguinidad o matrimonio, pero el derecho familiar también puede afectar a aquellos en relaciones más distantes o casuales, aparte de los cónyuges.

abogados de familia en bogota, cali, medelin, neiva, barranquilla, manizales, cartagena

Los abogados de derecho familiar ayudan a sus clientes a solicitar la separación o el divorcio, la pensión alimenticia y la custodia de los hijos.

La ley familiar también implica la prevención del abuso físico y emocional y éste es otro campo que incluye el derecho familiar.

Los abogados de Duque Ortiz Abogados cuentan con gran experiencia y desarrollo en temas generales relacionados con el derecho de familia con éxito total en el impulso de cada proceso.

Si desea representación legal como demandante o demandado en cualquiera de las siguientes áreas puede consultarnos por medio de duqueortizabogados@gmail.com o en el número 310-5518704 para agendar una cita y verificar la viabilidad de su proceso.

icbf
  • Afectación a vivienda familiar
  • Cancelación del patrimonio de familia
  • Capitulaciones matrimoniales
  • Celebración de matrimonio civil
  • Cesación de efectos civiles de matrimonio religioso
  • Conciliación en derecho de familia
  • Constitución de patrimonio inembargable de familia
  • Custodia y cuidado personal del menor
  • Declaración de ausencia
  • Declaración de existencia de una unión marital de hecho
  • Declaración de muerte por desaparecimiento
  • Denuncia de embarazo
  • Denuncia penal por inasistencia alimentaria
  • Denuncia penal por violencia intrafamiliar
  • Desconocimiento de hijo de mujer casada
  • Designación del guardador legítimo
  • Desvirtuar presunción de donación
  • Disolución de sociedad patrimonial de una unión marital de hecho
  • Divorcio de matrimonio civil
  • Donación por causa de matrimonio
  • Emancipación, privación o terminación, suspensión, restablecimiento de la patria potestad
  • Exequatur
  • Exhortos
  • Fijación, aumento, disminución, exoneración y oferta de alimentos
  • Filiación extramatrimonial, investigación de la paternidad
  • Impugnación de la maternidad
  • Impugnación de la paternidad
  • Insinuación de donación entre vivos
  • Interdicción del demente o sordomudo
  • Interdicción por disipación
  • Inventario solemne de bienes
  • Legitimación de hijo extramatrimonial
  • Licencia de emancipación voluntaria
  • Licencia para enajenar bienes de propiedad del menor
  • Liquidación de la sociedad conyugal
  • Liquidación de la sociedad patrimonial de una unión marital de hecho
  • Matrimonio por intermedio de otro
  • Nulidad de matrimonio civil
  • Permiso para que un menor salga del país
  • Petición de herencia
  • Privación de administración de los bienes del hijo
  • Proceso ejecutivo de alimentos
  • Reconocimiento de guardador testamentario y discernimiento
  • Reconocimiento y legitimación del hijo extramatrimonial
  • Registro civil de matrimonio
  • Regulación de visitas
  • Rehabilitación del interdicto demente o sordomudo
  • Rehabilitación del interdicto por disipación
  • Remoción del guardador
  • Renuncia al usufructo de bienes de hijos menores
  • Restitución de pensiones alimentarias
  • Separación de bienes
  • Separación de cuerpos
  • Sucesión ante juez de familia
  • Sucesión por mutuo acuerdo con testamento
  • Sucesión por mutuo acuerdo sin testamento
  • Testamento abierto
  • Testamento cerrado
ABOGADOS DE FAMILIA - DERECHO DE FAMILIA

Abogados civiles – Derecho Civil

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ABOGADOS CIVILES - DERECHO CIVIL

ABOGADOS CIVILES - DERECHO CIVIL

El derecho civil a aquél que se encarga de manejar los vínculos privados establecidos entre las mismas personas sin intervención del estado.

Está formado por las leyes que regulan las relaciones patrimoniales o personales entre personas naturales o personas jurídicas.

La finalidad del derecho civil es preservar los intereses del sujeto a nivel patrimonial y moral.

Esta rama del derecho acepta a cada persona como sujeto de derecho, independientemente de sus actividades particulares.

En el derecho anglosajón, se reconoce como derecho civil al derecho continental (o civil law) y al derecho positivo.

El derecho civil, por lo tanto, comprende el derecho de las personas, el derecho de familia, el derecho de bienes, el derecho de las obligaciones y los contratos, el derecho de sucesiones y las normas de responsabilidad civil, entre otras.

Estos derechos (inalienables y universales) se concretan mediante el derecho positivo o efectivo.

ABOGADOS CIVILES - DERECHO CIVIL

DUQUE ORTIZ ABOGADOS  dentro de su grupo de profesionales cuenta con gran experiencia para asumir casos de tipo civil con total garantía de una excelente gestión en los siguientes temas:

  1.   Proceso divisorios
  2.   Negocios inmobiliarios, compraventas de inmuebles
  3.   Sucesiones
  4.   Contratos
  5.   Hipotecas
  6.   conciliación
  7.   Procesos de pertenencia
  8.    Tramites notariales
  9.    Responsabilidad civil contractual y extracontractual.
  10. Accidentes de tránsito, lesiones, muerte, daño moral y patrimonial.
  11. Insolvencia para personas naturales.
  12. Fiducia civil.
  13. Conciliación extrajudicial en derecho y arbitraje.
  14. Responsabilidad civil médica.

Realice su consulta por este medio, indicando sus datos completos de contacto y resumen de su caso para contactarlo, o puede escribirnos al correo duqueortizabogados@gmail.com para darle una respuesta inmediata.

ABOGADOS CIVILES - DERECHO CIVIL

Proceso De Pertenencia O Posesión

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PROCESO DE PERTENENCIA O POSESIÓN

proceso de pertenencia

El proceso de pertenencia comúnmente llamado de posesión es el que mediante procedimiento legal permite que una persona sea legalmente la dueña de un terreno o inmueble en el cual ha vivido más de 5 años y cumple con las leyes para hacerse al inmueble.

Este método aplica para inmuebles en el cual las escrituras están a nombre de otra persona del cual se desconoce su paradero o incluso su existencia.

Es indispensable tener en cuenta que para hacerse acreedor a este beneficio debe tener las pruebas de que tiene facultad de señor y dueño, esto quiere decir que paga impuestos, servicios, hace mejoras al inmueble, este no se encuentra deteriorado, entre otros.

El proceso se debe adelantar por medio de abogados con experiencia en este tipo de trámites, para lo cual ponemos a disposición los profesionales de DUQUE ORTIZ ABOGADOS ya que de no adelantarse en debida forma no solo puede perder la oportunidad de demandar nuevamente sino que también puede perder todo derecho y un desalojo inmediato.

Para determinar la viabilidad es necesario tener copia de certificado de tradición y libertad entre otras pruebas fundamentales.

PROCESOS CIVILES DE PERTENENCIA Y POSESION

Puedo reclamar la propiedad de cualquier bien?

No, hay bienes exentos de este derecho, como aquellos bienes imprescriptibles, o los de propiedad de entidades públicas.

Alguien posterior a la demanda puede reclamar derechos sobre el mismo bien?

No, un vez el juez dicte fallo a favor ninguna persona tendrá derecho  iniciar un proceso reclamando derechos similares por el mismo asunto.

Si se siente identificado con el anterior texto y considera que desea representación para un caso similar recuerde que contamos con abogados experimentados en esta área, contáctenos para revisar su caso.

CAMILO A. DUQUE
Abogado civil y de familia, Redactor, Conciliador extrajudicial, generador de estrategias y negocios – universidad la Gran Colombia

Corte Constitucional se pronuncia sobre responsabilidad de los municipios en relación con habitantes de zonas de alto riesgo

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Corte Constitucional se pronuncia sobre responsabilidad de los municipios en relación con habitantes de zonas de alto riesgo

Corte Constitucional se pronuncia sobre responsabilidad de los municipios en relacion con habitantes de zonas de alto riesgo

Con este presento artículo pretendo preveer la implementación de una política pública dirigida a identificar y evacuar las zonas de alto riesgo, con el fin de proteger los bienes y derechos de los habitantes.

 

En ese contexto, de acuerdo con lo expuesto el municipio tiene, primero, el deber de emprender acciones de prevención para identificar las construcciones que se encuentren en zona de alto riesgo no mitigable; segundo, en caso de presentarse una urgencia, debe proteger la vida de las personas cuyos derechos están amenazados de forma inmediata, entre otra medidas, a través de la reubicación en un lugar seguro; tercero, a mediano plazo, le corresponde ejecutar los planes según los resultados de los estudios técnicos y planear políticas de reubicación o reparación de predios, si es necesario; y cuarto, a largo plazo, las autoridades locales deberán asignar otra vivienda definitiva a través de los planes de vivienda que tenga el Estado y la entidad territorial.

zonas de alto riesgo

En particular, el artículo 56 de la normativa, modificado por el artículo 5 de la Ley 3 de 1991, asigna a los Alcaldes la obligación de realizar un censo en las zonas de alto riego de deslizamiento y ordena efectuar la reubicación de las personas que se encuentren “en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.

Por su parte, la Ley 388 de 1997 precisa que el componente urbano del plan de ordenamiento territorial debe contener por lo menos “los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación”. En desarrollo de la norma anterior, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 determina que corresponde a los municipios, prevenir y atender los desastres en su jurisdicción, adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo, y reubicar los asentamientos que allí se ubiquen.

En varias ocasiones la Corte Constitucional ha conocido casos de tutela que reclaman la protección del derecho a la vivienda digna y a la integridad personal, entre otros, amenazados por el estado de las casas de los peticionarios. En general, estos casos son complejos porque confluyen varias responsabilidades y se debe adelantar un proceso para asegurar la protección de los derechos, pues no basta con una única acción. Una primera etapa de este proceso implica conocer, con certeza, la situación del terreno en el cual se ubica la vivienda para saber si se trata de una zona de riesgo. En caso que la zona sea de riesgo, debe indagarse si es mitigable para determinar si basta con adelantar las reparaciones o adecuaciones necesarias, que pueden ser a largo o a corto plazo.

La Corte ha establecido que el derecho fundamental a la vivienda digna conlleva la obligación correlativa a cargo del Estado, de garantizar que las personas residan en viviendas que se ubiquen en lugares en donde la seguridad e integridad de sus habitantes no esté amenazada. Lo anterior implica que las autoridades municipales deben tener la información actual y completa de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes; mitigar el riesgo generado por la inestabilidad del terreno en donde se ubican las viviendas habitadas, si ello es posible; y cuando los hogares estén situados en una zona de alto riesgo no mitigable, adoptar políticas de reubicación en condiciones dignas.

En particular, el artículo 56 de la normativa, modificado por el artículo 5 de la Ley 3 de 1991, asigna a los Alcaldes la obligación de realizar un censo en las zonas de alto riego de deslizamiento y ordena efectuar la reubicación de las personas que se encuentren “en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. Por su parte, la Ley 388 de 1997 precisa que el componente urbano del plan de ordenamiento territorial debe contener por lo menos "los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación". En desarrollo de la norma anterior, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 determina que corresponde a los municipios, prevenir y atender los desastres en su jurisdicción, adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo, y reubicar los asentamientos que allí se ubiquen. En varias ocasiones la Corte Constitucional ha conocido casos de tutela que reclaman la protección del derecho a la vivienda digna y a la integridad personal, entre otros, amenazados por el estado de las casas de los peticionarios. En general, estos casos son complejos porque confluyen varias responsabilidades y se debe adelantar un proceso para asegurar la protección de los derechos, pues no basta con una única acción. Una primera etapa de este proceso implica conocer, con certeza, la situación del terreno en el cual se ubica la vivienda para saber si se trata de una zona de riesgo. En caso que la zona sea de riesgo, debe indagarse si es mitigable para determinar si basta con adelantar las reparaciones o adecuaciones necesarias, que pueden ser a largo o a corto plazo. La Corte ha establecido que el derecho fundamental a la vivienda digna conlleva la obligación correlativa a cargo del Estado, de garantizar que las personas residan en viviendas que se ubiquen en lugares en donde la seguridad e integridad de sus habitantes no esté amenazada. Lo anterior implica que las autoridades municipales deben tener la información actual y completa de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes; mitigar el riesgo generado por la inestabilidad del terreno en donde se ubican las viviendas habitadas, si ello es posible; y cuando los hogares estén situados en una zona de alto riesgo no mitigable, adoptar políticas de reubicación en condiciones dignas.

Por lo tanto se extrae de lo expuesto que la situacion de la vivienda ha variado considerablemente en el curso de los últimos ocho meses, pues pasó de presentar algunas grietas a ser un lugar riesgoso para sus residentes.

Este último punto se traduce en una afectación al derecho a la vivienda digna, pues la casa del accionante y su familia no cumple una de las características definitorias del derecho, como es la habitabilidad.

Frente a este punto, la Sala reitera que, como se indicó en los fundamentos normativos de esta providencia, el derecho a la vivienda no se agota con la existencia de un lugar para residir de conformidad con el proyecto cultural y de vida de cada persona, sino que ese espacio debe cumplir condiciones indispensables para asegurar la seguridad de propietarios y terceros.

No puede ser fuente de amenazas a la salud, a la vida o a la integridad personal.

Contrario a tales aspiraciones, el inmueble en el que habitaban el actor y su familia tenía grietas y fisuras que constituían una amenaza para sus derechos.

Una vez comprobada la afectación intensa de un derecho constitucional, la respuesta institucional no puede limitarse a indicar la existencia de fallas en la construcción, sino que deben activarse las competencias de las entidades territoriales para asegurar la protección urgente de los derechos amenazados ante el deteriorado estado de la vivienda.

Las autoridades municipales tienen un deber legal y constitucional de prevenir y actuar frente a posibles desastres, como el que podría derivarse del colapso de una casa.

Sthefanny Feney Gallo Herrera
Abogada, Conciliadora e Investigadora de la Universidad la Gran Colombia

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PARA ADOLESCENTES

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CUÁNDO PROCEDE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PARA ADOLESCENTES

Un fallo reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia empezó explicando que, según el artículo 177 del Código de la Infancia y la Adolescencia, las sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se haya declarado su responsabilidad penal son: 

– Amonestación
– Imposición de reglas de conducta
– Prestación de servicios a la comunidad
– Libertad asistida o vigilada
– Internación en medio semicerrado
– Privación de libertad en centro de atención especializado.

Al respecto, precisó que esta última sanción se aplicará a los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión. En estos casos, concluye la Sala, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de uno hasta cinco años.

Sthefanny Feney Gallo Herrera
Abogada, Conciliadora e Investigadora de la Universidad la Gran Colombia