Abogados Penalistas – Derecho Penal Colombiano

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ABOGADOS PENALISTAS - DERECHO PENAL COLOMBIANO

ABOGADOS PENALISTAS - DERECHO PENAL COLOMBIANO

El principal objetivo del derecho penal es promover el respeto a los bienes jurídicos. Para esto, prohíbe las conductas que están dirigidas a lesionar o poner en peligro un bien jurídico.

El Derecho Penal es la importante rama del derecho encargada de establecer todo un compendio de penas y castigos para imponerlos a quien haya cometido un delito, el cual amerite una condena por los actos cometidos.

De igual manera,  comprende una serie de leyes jurídicas con poder para privar de libertades y velar por el cumplimiento de las sanciones impuestas.

 

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Dicta todo tipo de sentencia ante situaciones que puedan alterar de manera negativa el orden de la vida en la sociedad, si una persona infringe en el código civil y viola los estatutos morales impuestos por la ética y la moral del medio ambiente que lo rodea.

Si desea representación legal como denunciante o denunciado en cualquiera de las siguientes áreas puede consultarnos por medio de duqueortizabogados@gmail.com o en el número 310-5518704 para agendar una cita y verificar la viabilidad de su proceso.

 

  1. tramite y vigilancia de procesos penales, actuando como parte accionante o como defensores.

 

  1. Redacción de denuncias penales.

 

  1. Defensas penales.

 

  1. Negociación de beneficios y rebajas de pena.

 

  1. Representación en incidentes de reparación integral.

 

  1. Cobro judicial de sentencias.

 

  1. Representación jurídica en trámites y querellas

 

  1. Asistencia legal y representación judicial

 

  1. Representación judicial de víctimas.

 

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PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PARA ADOLESCENTES

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CUÁNDO PROCEDE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PARA ADOLESCENTES

Un fallo reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia empezó explicando que, según el artículo 177 del Código de la Infancia y la Adolescencia, las sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se haya declarado su responsabilidad penal son: 

– Amonestación
– Imposición de reglas de conducta
– Prestación de servicios a la comunidad
– Libertad asistida o vigilada
– Internación en medio semicerrado
– Privación de libertad en centro de atención especializado.

Al respecto, precisó que esta última sanción se aplicará a los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión. En estos casos, concluye la Sala, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de uno hasta cinco años.

Sthefanny Feney Gallo Herrera
Abogada, Conciliadora e Investigadora de la Universidad la Gran Colombia

MOTIVACIÓN DE LAS DECISIONES EN EL PROCESO PENAL DINAMIZA LOS MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN DEL PROCESADO

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En el proceso penal la acusación o pliego de cargos constituye un acto estructural sustancial en el que se definen los contornos fáctico, jurídico y personal de la pretensión punitiva del Estado respecto de un ciudadano. Con base ese acto procesal es carga del aparato judicial en la fase de juicio quebrar la presunción constitucional de inocencia que lo ampara y en consecuencia la correspondiente acusación debe estar depurada de vacíos y ambigüedades que resulten lesivas de la citada garantía y las demás inherentes a la condición de procesado.

Es importante también resaltar que el derecho de defensa de toda persona a la que se atribuye la realización de una conducta definida en la ley como delictiva, se compone de un doble cariz. Por una parte, el derecho a contar de manera real, efectiva, permanente e ininterrumpida con la asistencia de un abogado de confianza o provisto por el Estado; y de otra, la facultad de intervenir directamente en resguardo de los propios intereses.

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El cabal ejercicio de la garantía en cuestión con apego a preceptos de orden internacional , así como a normas superiores  y legales  locales, implica, entre otros aspectos sustanciales, el derecho de quien es sindicado de conocer de manera expresa, clara y sin ambigüedades los hechos que originan la imputación penal y el eventual adelantamiento de una causa criminal, para a partir de allí quedar revestido de la facultad de vigilar el desarrollo regular del procedimiento en forma directa o por medio de abogado, o ambas, efectuando las críticas de hecho y de derecho contra los argumentos acusatorios, y recurrir las decisiones adversas, en especial, la sentencia en la que se imponga una pena o una medida de seguridad.

En suma, la atribución de un comportamiento reprochado como delictivo debe ser expresa, clara, precisa y circunstanciada, resultando ineficaz, por lesionar el derecho de defensa, la imputación de cargos que se advierta genérica, ambigua, vaga, oscura o incompleta.

Esa prerrogativa, constituye, sin lugar a duda, la primera y principal concreción para el desenvolvimiento del derecho fundamental de defensa, ya que el conocimiento del procesado acerca de los hechos que se le imputan y la correspondencia de estos en las normas que los tipifican como delitos, le permite ejercer la contradicción efectiva y equilibrada de la pretensión punitiva, sin que resulte admisible entonces una acusación tácita o implícita o aquélla respecto de la cual no ha tenido ocasión de defenderse o refutar todos y cada uno de los elementos fácticos de la conducta punible atribuida.

De acuerdo con el sentido y alcance de las aludidas fuentes normativas, es claro que el deber de motivar no se entiende cumplido con la simple y llana expresión de lo decidido por el funcionario judicial, pues constituye exigencia infranqueable “la indicación clara, expresa e indudable de su argumentación, con soporte en las pruebas y en los preceptos aplicados en cada asunto, como que no de otra manera se garantizan los derechos de los sujetos procesales, a la vez que se hace efectivo el principio de imperio de la ley.

Sthefanny Feney Gallo Herrera

Abogada, Conciliadora e Investigadora de la Universidad la Gran Colombia