Asistencia Legal Y Representación Penal Abogados Penalistas

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ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACIÓN PENAL –
ABOGADOS PENALISTAS – DERECHO PENAL

abogados penalistas

Duque Ortiz Abogados: abogados para defensa y denuncia en casos penales – representación jurídica penal

El derecho procesal penal es un conjunto de normas que regulan las actuaciones de los Jueces y Tribunales en el ámbito penal y de las partes en relación con los mismos, siendo uno de los mecanismos de contacto la denuncia y la querella penal.

La querella constituye un acto procesal dirigido al juez de instrucción competente por el que una persona realiza una declaración de conocimiento de la comisión de un hecho que presenta caracteres de delito

 La denuncia penal, es aquella mediante la cual, tanto la víctima de cualquier delito o falta pone en conocimiento del Juzgado o autoridades gubernativas o policiales, el hecho o hechos cometidos.

La querella, es aquella mediante la que una persona víctima de un delito,  pone, igualmente en conocimiento del Juez o Fiscal un hecho como acusación particular.

De todo delito o falta nace la acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible.

Derecho a la defensa:

Toda persona a quien se impute un acto punible o sea denunciada podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento penal, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho.

La admisión de denuncia o querella penal y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados.

divorcio-y nulidad

Ciudades de atención jurídica:

    • Abogados para denuncia, asistencia y representación penal en Bogotá
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    • Abogados denuncia, asistencia y representación penal Colombia

Contamos con experiencia y la garantía de excelencia que solo una firma reconocida como la nuestra puede dar.

  • Consultas en derecho penal o asesoría legal gratuita virtual: atencionalcliente@abogadosdo.com
  • Consulta o asesoría legal presencial: teléfono – whatsapp: 310-5518704
  • Solo para nuestros clientes por este mes nuestras tarifas tendrán hasta el 50% de descuento
  • Primera asesoría legal gratuita, a partir de la segunda desde $20.000
  • Procesos judiciales completos desde $100.000 PERO SI NO CUENTA CON DINERO no se preocupe, le daremos el beneficio de pagos al finalizar el proceso (cuota litis)

Divorcio Contencioso ∞ Abogados Para Divorcio Contencioso

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DIVORCIO CONTENCIOSO ∞
ABOGADOS PARA DIVORCIO CONTENCIOSO

Duque Ortiz Abogados: nuestros abogados están listos para dar trámite a su divorcio contencioso o sin común acuerdo 

El divorcio contencioso en Colombia, es aquel que se lleva a cabo sin acuerdo de los cónyuges para la disolución del matrimonio y su posterior liquidación patrimonial, ya que el desacuerdo del divorcio puede provenir bien por el propio inconformismo con el hecho de divorciarse o bien por un desacuerdo en la liquidación de los bienes gananciales, en la custodia de los hijos, en el régimen de visitas, o en cualquier otra circunstancia que conlleva la separación conyugal mediante el divorcio.

¿CUALES SON LAS CAUSALES DE DIVORCIO EN COLOMBIA?

  1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges.
  2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como esposos y padres.
  3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.
  4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.
  5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.
  6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud moral o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.
  7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o pervertir al otro, o a un descendiente o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.
  8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.
  9. El consentimiento de ambos cónyuges, manifestado ante Juez competente y reconocido por éste mediante sentencia.
  10. Los celos como causal de divorcio. En ciertos casos

TIEMPO ESTIMADO PARA EFECTUAR UN DIVORCIO CONTENCIOSO:

Entre 8 meses y un año

COSTO PARA EFECTUAR DIVORCIO CONTENCIOSO:

No todos los casos generan la misma complejidad en el desarrollo del proceso por ello se deberá realizar un análisis inicial de viabilidad en ese momento se indicara el costo de los honorarios

divorcio-y nulidad

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    Abogados de familia Colombia

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Divorcio Mutuo Acuerdo ∞ Abogados Para Divorcio En Colombia

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DIVORCIO MUTUO ACUERDO ∞
ABOGADOS PARA DIVORCIO EN COLOMBIA

Duque Ortiz Abogados: nuestros abogados están listos para dar trámite a su divorcio mutuo acuerdo

El Divorcio Mutuo Acuerdo en Colombia; se encuentra establecido en el decreto 4436 del 28 de noviembre de 2005, trámite que permite a los cónyuges, comparecer ante un notario por intermedio de un apoderado y mediante escritura pública, previo el cumplimiento de los requisitos legales dar por terminado el matrimonio.

Mediante este corto proceso se pueden tramitar Divorcio para el caso del matrimonio civil y Cesación de efectos civiles del matrimonio Católico.

El Divorcio Mutuo Acuerdo en Colombia es un trámite que en promedio puede tardar:

  • Divorcio mutuo acuerdo sin hijos 8 días laborables en promedio.
  • Divorcio mutuo acuerdo  con hijos menores de edad 30 días laborales en promedio.

El divorcio por mutuo acuerdo también puede ser tramitado ante juzgados de familia con la diferencia en el lapso de tiempo que podría alargarse un poco, pero sin gastos notariales adicionales.

Lo único que se requiere es que lo esposos decidan dar por terminado el matrimonio.

El divorcio se debe llevar a cabo cumpliendo las normas del derecho de familia, por lo que el abogado de familia encargado de su caso realizara un examen de viabilidad antes para garantizar el correcto cumplimiento de las normas legales colombianas.

CAUSALES DE DIVORCIO EN COLOMBIA

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Despido Sin Justa Causa Abogado Despido Injustificado

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DESPIDO SIN JUSTA CAUSA EN COLOMBIA –
ABOGADO PARA DESPIDO INJUSTIFICADO

abogados laborales

Duque Ortiz Abogados: nuestros abogados están listos para dar trámite a su demanda por despido sin justa causa o despido injustificado

El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) asegura que, en la terminación unilateral del contrato laboral a término fijo sin justa causa, se debe indemnizar al trabajador por el valor de los salarios correspondientes al tiempo que le falta por cumplir el plazo estipulado del contrato y, que la indemnización para los trabajadores con contrato a término indefinido varía según el salario y el tiempo de labor en la compañía.

Aunque se ha dicho que las consecuencias deben ser asumidas por cualquiera de las partes que decida terminar el contrato de trabajo, el código laboral sólo consideró sanciones para el empleador que despida al trabajador sin justa causa, dejando sin sanción expresa al trabajador que decida terminar el contrato de trabajo.

Despido sin justa causa en el contrato a término indefinido:

el monto de la indemnización cuando el contrato de trabajo es indefinido: salarios inferiores  a 10 salarios mínimos y salarios iguales o superiores a 10 salarios mínimos.

Despido sin justa causa en el contrato a término fijo:

la indemnización cuando el trabajador es despedido sin justa causa y tenía un contrato a término fijo, será equivalente al tiempo que faltara para terminar el contrato de trabajo.

contrato de trabajo realidad

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Denuncia por inasistencia alimentaria denuncia penal por alimentos

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DENUNCIA POR INASISTENCIA ALIMENTARIA
DENUNCIA PENAL POR ALIMENTOS
DERECHO PENAL

abogados penalistas

Duque Ortiz Abogados: presentación de denuncia penal por inasistencia alimentaria – defensa y representación

La Asistencia Alimentaria es un derecho de los hijos que debe garantizarse por los padres de los mismos no importa si estos son casados, están en unión libre, nunca han convivido o sean parejas del mismo sexo.

Después de la separación formal de una pareja o aunque los padres no hayan convivido nunca, hay aspectos relacionados con los hijos, que son su derecho y no pueden dejarse a la buena voluntad o el azar de las partes. Estos importantes aspectos como la custodia y los alimentos, deben fijarse y cumplirse sin excepción.

Para fijar, aumentar o disminuir la cuota alimentaria respecto de los niños, niñas o adolescentes, generalmente se recurre a un acuerdo entre las partes (los padres) o a una instancia de conciliación perfeccionada en una comisaría de familia, ante un defensor de familia, en un centro de conciliación, una notaría o en la Defensoría del Pueblo, por mencionar algunos.

Sea porque los padres fijaron la cuota en conciliación o porque una autoridad (juez, comisario o defensor) fijó la cuota para el padre ausente, el incumplimiento de lo establecido se llama Inasistencia Alimentaria.

La inasistencia alimentaria es un delito que se configura al omitir el deber legal de proporcionar alimentos a sus parientes.

LA PATRIA POTESTAD

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Abogados denuncia por inasistencia alimentaria Colombia

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Abogados civiles – Derecho Civil

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ABOGADOS CIVILES - DERECHO CIVIL

ABOGADOS CIVILES - DERECHO CIVIL

El derecho civil a aquél que se encarga de manejar los vínculos privados establecidos entre las mismas personas sin intervención del estado.

Está formado por las leyes que regulan las relaciones patrimoniales o personales entre personas naturales o personas jurídicas.

La finalidad del derecho civil es preservar los intereses del sujeto a nivel patrimonial y moral.

Esta rama del derecho acepta a cada persona como sujeto de derecho, independientemente de sus actividades particulares.

En el derecho anglosajón, se reconoce como derecho civil al derecho continental (o civil law) y al derecho positivo.

El derecho civil, por lo tanto, comprende el derecho de las personas, el derecho de familia, el derecho de bienes, el derecho de las obligaciones y los contratos, el derecho de sucesiones y las normas de responsabilidad civil, entre otras.

Estos derechos (inalienables y universales) se concretan mediante el derecho positivo o efectivo.

ABOGADOS CIVILES - DERECHO CIVIL

DUQUE ORTIZ ABOGADOS  dentro de su grupo de profesionales cuenta con gran experiencia para asumir casos de tipo civil con total garantía de una excelente gestión en los siguientes temas:

  1.   Proceso divisorios
  2.   Negocios inmobiliarios, compraventas de inmuebles
  3.   Sucesiones
  4.   Contratos
  5.   Hipotecas
  6.   conciliación
  7.   Procesos de pertenencia
  8.    Tramites notariales
  9.    Responsabilidad civil contractual y extracontractual.
  10. Accidentes de tránsito, lesiones, muerte, daño moral y patrimonial.
  11. Insolvencia para personas naturales.
  12. Fiducia civil.
  13. Conciliación extrajudicial en derecho y arbitraje.
  14. Responsabilidad civil médica.

Realice su consulta por este medio, indicando sus datos completos de contacto y resumen de su caso para contactarlo, o puede escribirnos al correo duqueortizabogados@gmail.com para darle una respuesta inmediata.

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Corte Constitucional se pronuncia sobre responsabilidad de los municipios en relación con habitantes de zonas de alto riesgo

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Corte Constitucional se pronuncia sobre responsabilidad de los municipios en relación con habitantes de zonas de alto riesgo

Corte Constitucional se pronuncia sobre responsabilidad de los municipios en relacion con habitantes de zonas de alto riesgo

Con este presento artículo pretendo preveer la implementación de una política pública dirigida a identificar y evacuar las zonas de alto riesgo, con el fin de proteger los bienes y derechos de los habitantes.

 

En ese contexto, de acuerdo con lo expuesto el municipio tiene, primero, el deber de emprender acciones de prevención para identificar las construcciones que se encuentren en zona de alto riesgo no mitigable; segundo, en caso de presentarse una urgencia, debe proteger la vida de las personas cuyos derechos están amenazados de forma inmediata, entre otra medidas, a través de la reubicación en un lugar seguro; tercero, a mediano plazo, le corresponde ejecutar los planes según los resultados de los estudios técnicos y planear políticas de reubicación o reparación de predios, si es necesario; y cuarto, a largo plazo, las autoridades locales deberán asignar otra vivienda definitiva a través de los planes de vivienda que tenga el Estado y la entidad territorial.

zonas de alto riesgo

En particular, el artículo 56 de la normativa, modificado por el artículo 5 de la Ley 3 de 1991, asigna a los Alcaldes la obligación de realizar un censo en las zonas de alto riego de deslizamiento y ordena efectuar la reubicación de las personas que se encuentren “en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.

Por su parte, la Ley 388 de 1997 precisa que el componente urbano del plan de ordenamiento territorial debe contener por lo menos “los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación”. En desarrollo de la norma anterior, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 determina que corresponde a los municipios, prevenir y atender los desastres en su jurisdicción, adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo, y reubicar los asentamientos que allí se ubiquen.

En varias ocasiones la Corte Constitucional ha conocido casos de tutela que reclaman la protección del derecho a la vivienda digna y a la integridad personal, entre otros, amenazados por el estado de las casas de los peticionarios. En general, estos casos son complejos porque confluyen varias responsabilidades y se debe adelantar un proceso para asegurar la protección de los derechos, pues no basta con una única acción. Una primera etapa de este proceso implica conocer, con certeza, la situación del terreno en el cual se ubica la vivienda para saber si se trata de una zona de riesgo. En caso que la zona sea de riesgo, debe indagarse si es mitigable para determinar si basta con adelantar las reparaciones o adecuaciones necesarias, que pueden ser a largo o a corto plazo.

La Corte ha establecido que el derecho fundamental a la vivienda digna conlleva la obligación correlativa a cargo del Estado, de garantizar que las personas residan en viviendas que se ubiquen en lugares en donde la seguridad e integridad de sus habitantes no esté amenazada. Lo anterior implica que las autoridades municipales deben tener la información actual y completa de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes; mitigar el riesgo generado por la inestabilidad del terreno en donde se ubican las viviendas habitadas, si ello es posible; y cuando los hogares estén situados en una zona de alto riesgo no mitigable, adoptar políticas de reubicación en condiciones dignas.

En particular, el artículo 56 de la normativa, modificado por el artículo 5 de la Ley 3 de 1991, asigna a los Alcaldes la obligación de realizar un censo en las zonas de alto riego de deslizamiento y ordena efectuar la reubicación de las personas que se encuentren “en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. Por su parte, la Ley 388 de 1997 precisa que el componente urbano del plan de ordenamiento territorial debe contener por lo menos "los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación". En desarrollo de la norma anterior, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 determina que corresponde a los municipios, prevenir y atender los desastres en su jurisdicción, adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo, y reubicar los asentamientos que allí se ubiquen. En varias ocasiones la Corte Constitucional ha conocido casos de tutela que reclaman la protección del derecho a la vivienda digna y a la integridad personal, entre otros, amenazados por el estado de las casas de los peticionarios. En general, estos casos son complejos porque confluyen varias responsabilidades y se debe adelantar un proceso para asegurar la protección de los derechos, pues no basta con una única acción. Una primera etapa de este proceso implica conocer, con certeza, la situación del terreno en el cual se ubica la vivienda para saber si se trata de una zona de riesgo. En caso que la zona sea de riesgo, debe indagarse si es mitigable para determinar si basta con adelantar las reparaciones o adecuaciones necesarias, que pueden ser a largo o a corto plazo. La Corte ha establecido que el derecho fundamental a la vivienda digna conlleva la obligación correlativa a cargo del Estado, de garantizar que las personas residan en viviendas que se ubiquen en lugares en donde la seguridad e integridad de sus habitantes no esté amenazada. Lo anterior implica que las autoridades municipales deben tener la información actual y completa de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes; mitigar el riesgo generado por la inestabilidad del terreno en donde se ubican las viviendas habitadas, si ello es posible; y cuando los hogares estén situados en una zona de alto riesgo no mitigable, adoptar políticas de reubicación en condiciones dignas.

Por lo tanto se extrae de lo expuesto que la situacion de la vivienda ha variado considerablemente en el curso de los últimos ocho meses, pues pasó de presentar algunas grietas a ser un lugar riesgoso para sus residentes.

Este último punto se traduce en una afectación al derecho a la vivienda digna, pues la casa del accionante y su familia no cumple una de las características definitorias del derecho, como es la habitabilidad.

Frente a este punto, la Sala reitera que, como se indicó en los fundamentos normativos de esta providencia, el derecho a la vivienda no se agota con la existencia de un lugar para residir de conformidad con el proyecto cultural y de vida de cada persona, sino que ese espacio debe cumplir condiciones indispensables para asegurar la seguridad de propietarios y terceros.

No puede ser fuente de amenazas a la salud, a la vida o a la integridad personal.

Contrario a tales aspiraciones, el inmueble en el que habitaban el actor y su familia tenía grietas y fisuras que constituían una amenaza para sus derechos.

Una vez comprobada la afectación intensa de un derecho constitucional, la respuesta institucional no puede limitarse a indicar la existencia de fallas en la construcción, sino que deben activarse las competencias de las entidades territoriales para asegurar la protección urgente de los derechos amenazados ante el deteriorado estado de la vivienda.

Las autoridades municipales tienen un deber legal y constitucional de prevenir y actuar frente a posibles desastres, como el que podría derivarse del colapso de una casa.

Sthefanny Feney Gallo Herrera
Abogada, Conciliadora e Investigadora de la Universidad la Gran Colombia