Nulidad del matrimonio en Colombia

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NULIDAD DEL MATRIMONIO - ABOGADOS DUQUE ORTIZ

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NULIDAD DEL MATRIMONIO EN COLOMBIA

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La nulidad del matrimonio y su pérdida de efectos legales se da cuando:

  1. Cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de uno de ellos.

  2. Cuando se ha contraído entre un varón menor de catorce años, y una mujer menor de catorce años, o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor de aquella edad.

  3. Cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. La ley presume falta de consentimiento en quienes se haya impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes. Pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio.

  4. Cuando no se ha celebrado ante el juez y los testigos competentes.

  5. Cuando se ha contraído por fuerza o miedo que sean suficientes para obligar a alguno a obrar sin libertad; bien sea que la fuerza se cause por el que quiere contraer matrimonio o por otra persona. La fuerza o miedo no será causa de nulidad del matrimonio, si después de disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio con palabras expresas, o por la sola cohabitación de los consortes.

  6. Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer, por haber sido esta robada violentamente, a menos que consienta en él, estando fuera del poder del raptor.

  7. Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en un matrimonio anterior.

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8. Cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes y descendientes o son hermanos.

9. Cuando se ha contraído entre el padrastro y la entenada o el entenado y la madrastra.

10. Cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva; o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fue esposa del adoptante.

11. Cuando respecto del hombre o de la mujer, o de ambos estuviere subsistente el vínculo de un matrimonio anterior.

12. Cuando se celebra entre una mujer menor de veintiún años, aunque haya obtenido habilitación de edad, y el tutor o curador que haya administrado o administre los bienes de aquélla, siempre que la cuenta de la administración no haya sido aprobada por el juez,

13. Cuando se ha contraído entre los descendientes del tutor o curador de un menor y el respectivo pupilo o pupila; aunque el pupilo o pupila haya obtenido habilitación de edad

14. El matrimonio celebrado en contravención a lo dispuesto en este inciso o en el anterior, sujetará al tutor o curador que lo haya contraído o permitido, a la pérdida de toda remuneración que por su cargo le corresponda sin perjuicio de las otras penas que las leyes le impongan.

ARTICULO 140 DEL CODIGO CIVIL

La nulidad del matrimonio civil o católico en Colombia ofrece dos factores dependiendo la causal que se quiera invocar, en una parte el divorcio contencioso, el cual se debe generar por intermedio de abogado ante juez de familia y tiene un tiempo estimado de 6 meses o más dependiendo la oposición, o el trámite de divorcio mutuo acuerdo el cual puede generarse ante notaria con un tiempo estimado de 30 días y al igual que el divorcio contencioso o sin acuerdo, deberá llevarse a cabo por intermedio de abogado ante notaria.

El divorcio o la solicitud de nulidad del matrimonio tendrá siempre supervisión del ICBF por intermedio del defensor de familia solo cuando existan hijos menores de edad.

Contamos con un amplio grupo de abogados de familia para generar demandas de divorcio contencioso o divorcio común acuerdo ante notaria, así como  liquidación conyugal sobre el patrimonio adquirido durante el matrimonio.

Inicialmente realizaremos un análisis de viabilidad en el cual comprobaremos que se cumplan los requisitos legales por intermedio de los abogados de familia y con base en este primer análisis efectuaremos la recolección de elementos probatorios e inicio del proceso.

Esperamos poder recibir la información de su caso por cualquiera de los medios de comunicación disponibles para asistirlo de manera responsable y diligente.

Contamos con un excelente plan de afiliación para todos nuestros clientes el cual le permitirá:

  • Asesorías legales gratuitas ilimitadas
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Daños Causados A Líderes Sociales Y Defensores De Derechos Humanos

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Demandas contra el estado, la nación por muertes de lideres sociales

DAÑOS CAUSADOS A LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS - ABOGADOS DUQUE ORTIZ

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DAÑOS CAUSADOS A LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

DAÑOS CAUSADOS A LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

¿Quien responde por las muertes a líderes sociales y defensores de derechos humanos? 

Desde hace muchas décadas estamos afrontando la represión y homicidios a nuestros líderes sociales y defensores de derechos humanos principalmente campesinos, indígenas y afros, como si ser parte del cambio fuera un delito y la justicia no actúa para protegerlos.

Estos hechos se presentan por el dominio de territorio de grupos terroristas, narcotraficantes y pequeños grupos que se disputan el microtrafico.

El estado está en la obligación de proteger a los lideres, miembros políticos y en general a toda la población y debido a estos hechos la nación tiene demandas por haberles retirado el esquema de seguridad a líderes amenazados y en zonas de conflicto armado, además de esto también se registran billonarias demandas por muertes causadas a manos de grupos terroristas.

DAÑOS CAUSADOS A LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Aunque se ha incentivado la protección al ciudadano y la presión al terrorismo es insuficiente y el gobierno nacional no ofrece alternativas para frenar la ola de violencia que se ha registrado.

De acuerdo con la contraloría “entre 2015 y 2017 se dedicaron $ 978.295 millones a medidas en pro de personas amenazadas, lo que representa el 61 por ciento de los recursos invertidos en esquemas de seguridad. El otro 39 por ciento, $ 618.307 millones, se invirtió para protección a personas “en virtud de cargos o dignidades”

A pesar de estas cifras sigue siendo el estado el responsable por la seguridad de los activistas sociales, pacifistas y ciudadanos que por hechos violentos han perdido la vida.

Actualmente los lideres o personas de alta influencia para la defensa de derechos humanos han recurrido a pedir ayuda tanto a fiscalía como al ministerio de defensa, sin embargo otros aprueban la idea de abandonar el país pidiendo asilo y aquellos que no cuentan con esa suerte terminan siendo víctimas de las bandas delincuenciales.

Pero esto no es la solución ya que pedir protección no garantiza que la den, motivo por el cual continúan exponiéndose al inminente peligro al denunciar hechos de corrupción, y esto conlleva a guardar silencio, trabajar para grupos armados o perder la vida.

Causa impotencia ver como día a día más líderes son asesinados y el estado no hace nada en absoluto para protegerlos, puede que sea por la falta de denuncias o por la misma negligencia que en cualquier caso deberá responder e indemnizar a sus familiares.

Aparte de ir en aumento las demandas en contra de la nación por estas muertes, también debería investigarse las indemnizaciones en manos de quienes están quedando, ya que por lo general los familiares terminan por recibir un porcentaje muy por debajo de lo que deberían y posiblemente sea un negocio mas de los delincuentes.

Contamos con un amplio grupo de abogados administrativos para generar demandas en contra del estado por daños ocasionados al medio ambiente

Inicialmente realizaremos un análisis de viabilidad en el cual comprobaremos que se cumplan los requisitos legales por intermedio de los abogados y con base en este primer análisis efectuaremos la recolección de elementos probatorios e inicio del proceso.

Esperamos poder recibir la información de su caso por cualquiera de los medios de comunicación disponibles para asistirlo de manera responsable y diligente.

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NACIDOS DENTRO O FUERA DEL MATRIMONIO NO CONLLEVA DIFERENCIAS DE TRATO JURÍDICO

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NACIMIENTO DENTRO O FUERA DEL MATRIMONIO NO PUEDE CONLLEVAR DIFERENCIAS DE TRATO JURÍDICO

hijos del matrimonio

Los hijos de crianza por asunción solidaria de la paternidad son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, al igual que lo son los hijos biológicos y adoptivos y de crianza simple, toda vez que el derecho debe ajustarse a las realidades jurídicas, reconociendo y brindando protección a aquellas relaciones en donde las personas no se encuentran unidas únicamente por vínculos jurídicos o naturales. Así mismo, pueden ser incluidos en los casos en los que los trabajadores solicitan el acceso a beneficios contemplados en convenciones colectivas o empresariales y el material probatorio demuestra o permite inferir la existencia de una relación familiar que se fundamenta en vínculos de afecto, respeto y protección entre el menor y el padre de crianza, la cual es apenas natural que exista después de largo tiempo de convivencia familiar.

Podemos interpretar la ley amparando que la ideología de familia está enfocada como una realidad sociológica que antecede a la sociedad y al Estado. La jurisprudencia constitucional ha definido a la familia como “aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos”.

La familia como pilar esencial de la sociedad pretende que dentro de un ambiente de respeto, amor, solidaridad, apoyo, igualdad, intimidad, derechos y obligaciones, sus integrantes logren un equilibrio y estabilidad que les permita desarrollarse a plenitud. 

Ha dicho la Corte que entre sus fines esenciales se destacan la vida en común, la ayuda mutua, la procreación, el sostenimiento y la educación de los hijos. 

En consecuencia, tanto el Estado como la sociedad deben propender a su bienestar y velar por su integridad, supervivencia y conservación.

En síntesis, de acuerdo con el mandato constitucional según el cual, los hijos habidos en el matrimonio y los habidos fuera de él gozan de los mismos derechos y deberes, la jurisprudencia constitucional ha rechazado cualquier forma de discriminación entre ellos, esto es, cualquier diferencia de trato que se base únicamente en que los unos son hijos nacidos dentro de un matrimonio y los otros no. 

Es más, ha reconocido que no existen tipificaciones o clases de hijos, sino que la referencia a matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos tiene su cimiente en los modos de filiación que no pueden ser tenidos en cuenta para ejercer un parámetro de discriminación entre los hijos.

De esta forma, siendo el origen familiar un criterio de distinción constitucionalmente rechazado, la circunstancia de que el nacimiento tenga lugar dentro o fuera del matrimonio no puede conllevar diferencias de trato jurídico en ningún caso, y menos aún en materias directamente relacionadas con el reconocimiento de la personalidad jurídica o con el goce de derechos y de protecciones especiales que deben operar en favor de todos los hijos. 

De igual forma, los hijos adoptivos tienen igualdad de derechos y obligaciones por cuanto en virtud de la adopción ingresan a la familia y se convierten en parte de ésta.

icbf

Aplicado los anteriores criterios al caso concreto, observa la Corte que la expresión “Cuando se trate de hijos extramatrimoniales” es inconstitucional, en cuanto consagra una diferencia de trato entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, por razón de su origen, que resulta a todas luces discriminatoria.

En efecto, mediante dicha expresión, la norma acusada introduce un trato diferencial, que sólo encuentra justificación en el origen de uno y otro, entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, pues sólo respecto de estos últimos aplica la regla que prevé la privación de la patria potestad del padre o madre que niega el reconocimiento del hijo y es declarado tal en juicio contradictorio.

De acuerdo con lo mencionado, se establece que solo hay tres tipos de filiación: matrimonial, extramatrimonial y adoptiva; la expresión “legítimo” cuando se refiere a hijos ha sido declarada inconstitucional por la Corte en diversas oportunidades por considerarla discriminatoria; todos los hijos sin importar su origen filial son iguales ante la ley, por lo tanto, gozan de los mismos derechos y obligaciones y la distinción entre hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos se fundamenta en los modos de filiación, lo que implica que ello no puede ser un parámetro de discriminación en los derechos que les asisten.

Al respecto, la Sala estima necesario precisar las siguientes reglas que se derivan de la mayoría de las sentencias analizadas:

(a) Para calificar a un menor como hijo de crianza es necesario demostrar la estrecha relación familiar con los presuntos padres de crianza y una deteriorada o ausente relación de lazos familiares con los padres biológicos. 

El primero de los elementos supone la existencia real, efectiva y permanente de una convivencia que implique vínculos de afecto, solidaridad, ayuda y comunicación. 

El segundo de los elementos supone una desvinculación con el padre o madre biológicos según el caso, que evidencie una fractura de los vínculos afectivos y económicos. 

Ello se puede constatar en aquellos casos en los cuales existe un desinterés por parte de los padres para fortalecer sus lazos paterno-filiales y por proveer económicamente lo suficiente para suplir las necesidades básicas de sus hijos.

(b) De la declaratoria de hijo de crianza, se pueden derivar derechos y obligaciones. 

Teniendo en cuenta que los asuntos relativos al estado civil de las personas y a la filiación son materia exclusiva del legislador, cuando se establezca la existencia de un hijo de crianza, madre o padre de crianza debe existir certidumbre acerca de dicha condición de acuerdo con el material probatorio que obre en el expediente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, le corresponde a la Sala como resultado determino en la parte motiva de esta providencia el accionante tiene derecho a lo pretendido en la demanda de tutela, ya que se puede concluir que:

derecho de los niños

Primero. La familia es una realidad social de todos los tiempos, que goza de una amplia regulación a nivel interno e internacional que busca garantizar bienestar y velar por la supervivencia, conservación e integridad. La familia puede ser conformada por vínculos naturales o jurídicos y varía según sea su composición familiar.

Segundo. Sólo hay tres tipos de filiación que son matrimonial, extramatrimonial y adoptiva. Todos los hijos, sin importar su Origen Filial, son iguales ante la ley y, por lo tanto, gozan de los mismos derechos y obligaciones.

Tercero. Los asuntos relativos a la filiación y al estado civil de las personas son de orden público y de competencia exclusiva del legislador con fundamento en el artículo 42 de la Constitución Política y tal como lo ha reconocido la jurisprudencia en la sentencia C-258 de 2015. 

Es así como el legislador en la Ley 29 de 1982, en el Código Civil, específicamente en los Títulos X, XI, XII y XIV, y en el Código de la Infancia y la Adolescencia, al aludir de hijos se refiere de manera exclusiva a los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, distinción que sólo es válida para efectos de filiación, puesto que gozan de los mismos derechos y obligaciones. 

A su vez, únicamente es posible establecer parentesco por consanguinidad, afinidad o civil.

Cuarto. La categoría “hijos de crianza” es de creación jurisprudencial; por lo tanto, el juez al momento de declarar la existencia de dicho vínculo debe hacerlo con base en un sólido y consistente material probatorio del que derive unos fuertes lazos familiares existentes entre los menores y su padre de crianza, así como la constatación de una ausencia de vínculo o muy deteriorada relación entre el menor y su padre biológico. Por cuanto de dicha declaratoria más adelante se pueden derivar otro tipo de consecuencias jurídicas.

Quinto. El debido proceso es una garantía constitucional de la que gozan todos los ciudadanos. Esto les impone a las autoridades administrativas atender a las solicitudes de las personas presentando una adecuada motivación, teniendo en cuenta los procedimientos dispuestos para ello.

Sthefanny Feney Gallo Herrera
Abogada, Conciliadora e Investigadora de la Universidad la Gran Colombia

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Negligencia Médica Administrativa O Civil En Colombia

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NEGLIGENCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA O CIVIL EN COLOMBIA

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La negligencia médica en Colombia es un tema recurrente, principalmente en temas estéticos pero sin dejar de lado aquellas prácticas medicas vitales para garantizar el derecho a la salud y la vida digna.

Frente al punto estético se debe garantizar efectos de resultado y no de medio, refiriéndonos a que un paciente puede decidir como quedar al final de la cirugía y el médico debe cumplir con ese mandato, pero en caso de no poder hacerlo, debe ser claro con el paciente antes de la practica.

En las cirugías medicas, la principal responsabilidad del profesional es garantizar que se mitigue el problema de salud y garantizar una calidad de vida estable y duradera, por ejemplo una apendicitis, aunque pueda dejar una cicatriz lo importante será evitar que se agrave el estado de salud y salvaguardar la vida del paciente.

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¿Por qué se presenta el daño en el paciente? Debido a la mala praxis médica se genera daño físico o sicológico por error médico, error de diagnostico, protocolos médicos erróneos, principalmente por falta de pericia u omisión del deber profesional del médico, o por no realizarse el procedimiento en lugares adecuados para tal fin, generando infecciones, falta de controles posquirúrgicos entre otros.

¿Quién debe responder en caso de existir negligencia médica? Principalmente se debe analizar si se cumplieron con los protocolos y el efecto que debía producir la cirugía.

El error médico responsabiliza al profesional de manera individual en primera medida a quien se le puede iniciar un proceso civil para la reparación de los daños.

Cuando el daño se ha presentado en una clínica particular la responsabilidad es de tipo civil y tanto el profesional como la institución deberán responder penal y civilmente para resarcir  los daños físicos, económicos, psicológicos, etc.

El error médico responsabiliza al profesional de manera individual en primera medida a quien se le puede iniciar un proceso civil para la reparación de los daños.

Nuestros abogados cuentan con la experiencia en estos temas, por lo tanto no dude en consultarnos para evaluar su caso y brindar asistencia inmediata.

Para la representación legal, nuestros abogados realizaran un análisis de viabilidad en el cual indicaremos los documentos, pruebas y demás datos de importancia para generar el proceso judicial y que se reconozca lo que por derecho se debiera dar.

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Siempre recomendamos en cuanto a cirugías estéticas revisar que sea un profesional autorizado por la secretaria de salud, con experiencia verificable y con las pruebas suficientes para determinar que sea idóneo en su labor; evitar realizarlo en clínicas no autorizadas o con falsas promesas ya que si algo llega a ocurrir nadie  le responderá por los daños a su salud e integridad.

Contáctenos si considera que fue víctima de este delito:

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CAMILO A. DUQUE
Abogado civil y de familia, Redactor, Conciliador extrajudicial, generador de estrategias y negocios – universidad la Gran Colombia

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CONDENADO INJUSTAMENTE Y DECLARADO INOCENTE – DEMANDAS AL ESTADO

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CONDENADO INJUSTAMENTE Y DECLARADO INOCENTE – DEMANDAS AL ESTADO

CONDENADO INJUSTAMENTE Y DECLARADO INOCENTE – DEMANDAS AL ESTADO

En Colombia hemos escuchado casos en los cuales personas han sido condenadas por diferentes delitos, años después son declarados inocentes, pero esto no se detiene en ese punto ya que el daño psicológico, social, familiar, personal entre otros ya se ha causado por no generarse una investigación completa.

Nuestros abogados cuentan con la experiencia en estos temas, por lo tanto no dude en consultarnos para evaluar su caso y brindar asistencia inmediata.

¿Quién responde? Es una pregunta que muchos se hacen y es necesario aclarar que no recae la responsabilidad sobre el abogado de victimas o sobre el fiscal a título personal, – a menos que hayan incurrido en acciones ilícitas para formalizar el proceso – pero si sobre la entidad directamente, por lo que se puede iniciar un proceso en contra del estado para la reparación económica una vez se haya concluido que es inocente.

El tiempo no se puede recuperar pero los daños económicos si, aunque parezca insatisfactorio puede ser equitativo.

¿Qué hacer si considera que es inocente y hay un fallo en contra? Una vez terminado el proceso y se emite fallo condenatorio se asume que el proceso ha finalizado conforme a la ley, pero si posterior a esto aparece una prueba que puede causar una duda, o puede dar fe de que los hechos no fueron como se plantearon en el juicio se deberá recurrir a la Corte Suprema De Justicia para interponer la acción de revisión, esto quiere decir que se abre una oportunidad más para demostrar la inocencia de quien ya fue juzgado.

demandas contra el estado

Siendo esto un incentivo para que la ley no quede impune, se abren las puertas a una nueva investigación, demorada debido a la exhaustiva investigación que se debe iniciar nuevamente y compleja porque todo caso reabierto tiene una doble carga procesal, ya que no solo debe probar los nuevos hechos en el juicio sino que el abogado deberá llevar a cuestas el fallo que lo ha declarado culpable anteriormente.

De esta manera es posible que se haga justicia y que quienes no hayan cometido delitos puedan ser eximidos de responsabilidad.

¿Por qué ocurren estos hechos de injusticia? Se han presentado casos en los que se quieren resultados inmediatos por parte de las autoridades, catalogados como falsos positivos en los que por el afán de dar resultados impulsados por los medios de comunicación o la misma ciudanía, se termina juzgando al primer indiciado.

En otras oportunidades por hechos de corrupción dentro de las entidades jurisdiccionales como se ha demostrado en hechos recientes, y por ultimo por la mala práctica investigativa de la fiscalía, en la que no se genera la recolección propia de pruebas para identificar al verdadero culpable omitiendo el principio de la presunción de inocencia al que todo colombiano debe incluirse.

Además de lo anterior puede sumarse la carga procesal al que se someten los jueces y las pocas herramientas con que cuenta el ente investigador, generando recurrentes errores que permite evidenciar inocentes en las cárceles y delincuentes en las calles.

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