Daños Causados A Líderes Sociales Y Defensores De Derechos Humanos

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DAÑOS CAUSADOS A LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

DAÑOS CAUSADOS A LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

¿Quien responde por las muertes a líderes sociales y defensores de derechos humanos? 

Desde hace muchas décadas estamos afrontando la represión y homicidios a nuestros líderes sociales y defensores de derechos humanos principalmente campesinos, indígenas y afros, como si ser parte del cambio fuera un delito y la justicia no actúa para protegerlos.

Estos hechos se presentan por el dominio de territorio de grupos terroristas, narcotraficantes y pequeños grupos que se disputan el microtrafico.

El estado está en la obligación de proteger a los lideres, miembros políticos y en general a toda la población y debido a estos hechos la nación tiene demandas por haberles retirado el esquema de seguridad a líderes amenazados y en zonas de conflicto armado, además de esto también se registran billonarias demandas por muertes causadas a manos de grupos terroristas.

DAÑOS CAUSADOS A LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Aunque se ha incentivado la protección al ciudadano y la presión al terrorismo es insuficiente y el gobierno nacional no ofrece alternativas para frenar la ola de violencia que se ha registrado.

De acuerdo con la contraloría “entre 2015 y 2017 se dedicaron $ 978.295 millones a medidas en pro de personas amenazadas, lo que representa el 61 por ciento de los recursos invertidos en esquemas de seguridad. El otro 39 por ciento, $ 618.307 millones, se invirtió para protección a personas “en virtud de cargos o dignidades”

A pesar de estas cifras sigue siendo el estado el responsable por la seguridad de los activistas sociales, pacifistas y ciudadanos que por hechos violentos han perdido la vida.

Contáctenos si considera que fue víctima de este delito:


DUQUE ORTIZ ABOGADOS
310-5518704
atencionalcliente@abogadosdo.com

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CAMILO A. DUQUE
Abogado civil y de familia, Redactor, Conciliador extrajudicial, generador de estrategias y negocios – universidad la Gran Colombia

Negligencia Médica Administrativa O Civil En Colombia

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NEGLIGENCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA O CIVIL EN COLOMBIA

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La negligencia médica en Colombia es un tema recurrente, principalmente en temas estéticos pero sin dejar de lado aquellas prácticas medicas vitales para garantizar el derecho a la salud y la vida digna.

Frente al punto estético se debe garantizar efectos de resultado y no de medio, refiriéndonos a que un paciente puede decidir como quedar al final de la cirugía y el médico debe cumplir con ese mandato, pero en caso de no poder hacerlo, debe ser claro con el paciente antes de la practica.

En las cirugías medicas, la principal responsabilidad del profesional es garantizar que se mitigue el problema de salud y garantizar una calidad de vida estable y duradera, por ejemplo una apendicitis, aunque pueda dejar una cicatriz lo importante será evitar que se agrave el estado de salud y salvaguardar la vida del paciente.

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¿Por qué se presenta el daño en el paciente? Debido a la mala praxis médica se genera daño físico o sicológico por error médico, error de diagnostico, protocolos médicos erróneos, principalmente por falta de pericia u omisión del deber profesional del médico, o por no realizarse el procedimiento en lugares adecuados para tal fin, generando infecciones, falta de controles posquirúrgicos entre otros.

¿Quién debe responder en caso de existir negligencia médica? Principalmente se debe analizar si se cumplieron con los protocolos y el efecto que debía producir la cirugía.

El error médico responsabiliza al profesional de manera individual en primera medida a quien se le puede iniciar un proceso civil para la reparación de los daños.

Cuando el daño se ha presentado en una clínica particular la responsabilidad es de tipo civil y tanto el profesional como la institución deberán responder penal y civilmente para resarcir  los daños físicos, económicos, psicológicos, etc.

El error médico responsabiliza al profesional de manera individual en primera medida a quien se le puede iniciar un proceso civil para la reparación de los daños.

Nuestros abogados cuentan con la experiencia en estos temas, por lo tanto no dude en consultarnos para evaluar su caso y brindar asistencia inmediata.

Para la representación legal, nuestros abogados realizaran un análisis de viabilidad en el cual indicaremos los documentos, pruebas y demás datos de importancia para generar el proceso judicial y que se reconozca lo que por derecho se debiera dar.

ABOGADOS ADMINISTRATIVOS - DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO

Siempre recomendamos en cuanto a cirugías estéticas revisar que sea un profesional autorizado por la secretaria de salud, con experiencia verificable y con las pruebas suficientes para determinar que sea idóneo en su labor; evitar realizarlo en clínicas no autorizadas o con falsas promesas ya que si algo llega a ocurrir nadie  le responderá por los daños a su salud e integridad.

Contáctenos si considera que fue víctima de este delito:

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CAMILO A. DUQUE
Abogado civil y de familia, Redactor, Conciliador extrajudicial, generador de estrategias y negocios – universidad la Gran Colombia

CONDENADO INJUSTAMENTE Y DECLARADO INOCENTE – DEMANDAS AL ESTADO

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CONDENADO INJUSTAMENTE Y DECLARADO INOCENTE – DEMANDAS AL ESTADO

CONDENADO INJUSTAMENTE Y DECLARADO INOCENTE – DEMANDAS AL ESTADO

En Colombia hemos escuchado casos en los cuales personas han sido condenadas por diferentes delitos, años después son declarados inocentes, pero esto no se detiene en ese punto ya que el daño psicológico, social, familiar, personal entre otros ya se ha causado por no generarse una investigación completa.

Nuestros abogados cuentan con la experiencia en estos temas, por lo tanto no dude en consultarnos para evaluar su caso y brindar asistencia inmediata.

¿Quién responde? Es una pregunta que muchos se hacen y es necesario aclarar que no recae la responsabilidad sobre el abogado de victimas o sobre el fiscal a título personal, – a menos que hayan incurrido en acciones ilícitas para formalizar el proceso – pero si sobre la entidad directamente, por lo que se puede iniciar un proceso en contra del estado para la reparación económica una vez se haya concluido que es inocente.

El tiempo no se puede recuperar pero los daños económicos si, aunque parezca insatisfactorio puede ser equitativo.

¿Qué hacer si considera que es inocente y hay un fallo en contra? Una vez terminado el proceso y se emite fallo condenatorio se asume que el proceso ha finalizado conforme a la ley, pero si posterior a esto aparece una prueba que puede causar una duda, o puede dar fe de que los hechos no fueron como se plantearon en el juicio se deberá recurrir a la Corte Suprema De Justicia para interponer la acción de revisión, esto quiere decir que se abre una oportunidad más para demostrar la inocencia de quien ya fue juzgado.

demandas contra el estado

Siendo esto un incentivo para que la ley no quede impune, se abren las puertas a una nueva investigación, demorada debido a la exhaustiva investigación que se debe iniciar nuevamente y compleja porque todo caso reabierto tiene una doble carga procesal, ya que no solo debe probar los nuevos hechos en el juicio sino que el abogado deberá llevar a cuestas el fallo que lo ha declarado culpable anteriormente.

De esta manera es posible que se haga justicia y que quienes no hayan cometido delitos puedan ser eximidos de responsabilidad.

¿Por qué ocurren estos hechos de injusticia? Se han presentado casos en los que se quieren resultados inmediatos por parte de las autoridades, catalogados como falsos positivos en los que por el afán de dar resultados impulsados por los medios de comunicación o la misma ciudanía, se termina juzgando al primer indiciado.

En otras oportunidades por hechos de corrupción dentro de las entidades jurisdiccionales como se ha demostrado en hechos recientes, y por ultimo por la mala práctica investigativa de la fiscalía, en la que no se genera la recolección propia de pruebas para identificar al verdadero culpable omitiendo el principio de la presunción de inocencia al que todo colombiano debe incluirse.

Además de lo anterior puede sumarse la carga procesal al que se someten los jueces y las pocas herramientas con que cuenta el ente investigador, generando recurrentes errores que permite evidenciar inocentes en las cárceles y delincuentes en las calles.

Contáctenos si considera que fue víctima de este delito:


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CAMILO A. DUQUE
Abogado civil y de familia, Redactor, Conciliador extrajudicial, generador de estrategias y negocios – universidad la Gran Colombia

Abogados de familia – Derecho de Familia

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ABOGADOS DE FAMILIA - DERECHO DE FAMILIA

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El Derecho de familia regula fundamentalmente tres aspectos:

  • a) El matrimonio, a su vez, comprende las normas jurídicas relativas tanto a su celebración, como a sus efectos personales y económicos, incluidos los regímenes económicos matrimoniales, y las distintas situaciones de crisis como son la nulidad, la separación y el matrimonio.
  • b) La filiaciónincluye tanto la filiación matrimonial como la extramatrimonial y la adoptiva, y en último lugar la patria potestad.
  • c) La tutela comprende el conjunto de normas jurídicas referentes a la guarda y protección de menores o incapacitados no sujetos a la patria potestad.

El derecho de familia consiste en un conjunto de estatutos y precedentes que rigen las responsabilidades legales entre individuos que comparten una conexión doméstica.

Generalmente involucran a personas que están relacionadas por consanguinidad o matrimonio, pero el derecho familiar también puede afectar a aquellos en relaciones más distantes o casuales, aparte de los cónyuges.

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Los abogados de derecho familiar ayudan a sus clientes a solicitar la separación o el divorcio, la pensión alimenticia y la custodia de los hijos.

La ley familiar también implica la prevención del abuso físico y emocional y éste es otro campo que incluye el derecho familiar.

Los abogados de Duque Ortiz Abogados cuentan con gran experiencia y desarrollo en temas generales relacionados con el derecho de familia con éxito total en el impulso de cada proceso.

Si desea representación legal como demandante o demandado en cualquiera de las siguientes áreas puede consultarnos por medio de duqueortizabogados@gmail.com o en el número 310-5518704 para agendar una cita y verificar la viabilidad de su proceso.

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  • Afectación a vivienda familiar
  • Cancelación del patrimonio de familia
  • Capitulaciones matrimoniales
  • Celebración de matrimonio civil
  • Cesación de efectos civiles de matrimonio religioso
  • Conciliación en derecho de familia
  • Constitución de patrimonio inembargable de familia
  • Custodia y cuidado personal del menor
  • Declaración de ausencia
  • Declaración de existencia de una unión marital de hecho
  • Declaración de muerte por desaparecimiento
  • Denuncia de embarazo
  • Denuncia penal por inasistencia alimentaria
  • Denuncia penal por violencia intrafamiliar
  • Desconocimiento de hijo de mujer casada
  • Designación del guardador legítimo
  • Desvirtuar presunción de donación
  • Disolución de sociedad patrimonial de una unión marital de hecho
  • Divorcio de matrimonio civil
  • Donación por causa de matrimonio
  • Emancipación, privación o terminación, suspensión, restablecimiento de la patria potestad
  • Exequatur
  • Exhortos
  • Fijación, aumento, disminución, exoneración y oferta de alimentos
  • Filiación extramatrimonial, investigación de la paternidad
  • Impugnación de la maternidad
  • Impugnación de la paternidad
  • Insinuación de donación entre vivos
  • Interdicción del demente o sordomudo
  • Interdicción por disipación
  • Inventario solemne de bienes
  • Legitimación de hijo extramatrimonial
  • Licencia de emancipación voluntaria
  • Licencia para enajenar bienes de propiedad del menor
  • Liquidación de la sociedad conyugal
  • Liquidación de la sociedad patrimonial de una unión marital de hecho
  • Matrimonio por intermedio de otro
  • Nulidad de matrimonio civil
  • Permiso para que un menor salga del país
  • Petición de herencia
  • Privación de administración de los bienes del hijo
  • Proceso ejecutivo de alimentos
  • Reconocimiento de guardador testamentario y discernimiento
  • Reconocimiento y legitimación del hijo extramatrimonial
  • Registro civil de matrimonio
  • Regulación de visitas
  • Rehabilitación del interdicto demente o sordomudo
  • Rehabilitación del interdicto por disipación
  • Remoción del guardador
  • Renuncia al usufructo de bienes de hijos menores
  • Restitución de pensiones alimentarias
  • Separación de bienes
  • Separación de cuerpos
  • Sucesión ante juez de familia
  • Sucesión por mutuo acuerdo con testamento
  • Sucesión por mutuo acuerdo sin testamento
  • Testamento abierto
  • Testamento cerrado
ABOGADOS DE FAMILIA - DERECHO DE FAMILIA

Abogados civiles – Derecho Civil

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ABOGADOS CIVILES - DERECHO CIVIL

ABOGADOS CIVILES - DERECHO CIVIL

El derecho civil a aquél que se encarga de manejar los vínculos privados establecidos entre las mismas personas sin intervención del estado.

Está formado por las leyes que regulan las relaciones patrimoniales o personales entre personas naturales o personas jurídicas.

La finalidad del derecho civil es preservar los intereses del sujeto a nivel patrimonial y moral.

Esta rama del derecho acepta a cada persona como sujeto de derecho, independientemente de sus actividades particulares.

En el derecho anglosajón, se reconoce como derecho civil al derecho continental (o civil law) y al derecho positivo.

El derecho civil, por lo tanto, comprende el derecho de las personas, el derecho de familia, el derecho de bienes, el derecho de las obligaciones y los contratos, el derecho de sucesiones y las normas de responsabilidad civil, entre otras.

Estos derechos (inalienables y universales) se concretan mediante el derecho positivo o efectivo.

ABOGADOS CIVILES - DERECHO CIVIL

DUQUE ORTIZ ABOGADOS  dentro de su grupo de profesionales cuenta con gran experiencia para asumir casos de tipo civil con total garantía de una excelente gestión en los siguientes temas:

  1.   Proceso divisorios
  2.   Negocios inmobiliarios, compraventas de inmuebles
  3.   Sucesiones
  4.   Contratos
  5.   Hipotecas
  6.   conciliación
  7.   Procesos de pertenencia
  8.    Tramites notariales
  9.    Responsabilidad civil contractual y extracontractual.
  10. Accidentes de tránsito, lesiones, muerte, daño moral y patrimonial.
  11. Insolvencia para personas naturales.
  12. Fiducia civil.
  13. Conciliación extrajudicial en derecho y arbitraje.
  14. Responsabilidad civil médica.

Realice su consulta por este medio, indicando sus datos completos de contacto y resumen de su caso para contactarlo, o puede escribirnos al correo duqueortizabogados@gmail.com para darle una respuesta inmediata.

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Nulidad del matrimonio en Colombia

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NULIDAD DEL MATRIMONIO EN COLOMBIA

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La nulidad del matrimonio y su pérdida de efectos legales se da cuando:

  1. Cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de uno de ellos.

  2. Cuando se ha contraído entre un varón menor de catorce años, y una mujer menor de catorce años, o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor de aquella edad.

  3. Cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. La ley presume falta de consentimiento en quienes se haya impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes. Pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio.

  4. Cuando no se ha celebrado ante el juez y los testigos competentes.

  5. Cuando se ha contraído por fuerza o miedo que sean suficientes para obligar a alguno a obrar sin libertad; bien sea que la fuerza se cause por el que quiere contraer matrimonio o por otra persona. La fuerza o miedo no será causa de nulidad del matrimonio, si después de disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio con palabras expresas, o por la sola cohabitación de los consortes.

  6. Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer, por haber sido esta robada violentamente, a menos que consienta en él, estando fuera del poder del raptor.

  7. Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en un matrimonio anterior.

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8. Cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes y descendientes o son hermanos.

9. Cuando se ha contraído entre el padrastro y la entenada o el entenado y la madrastra.

10. Cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva; o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fue esposa del adoptante.

11. Cuando respecto del hombre o de la mujer, o de ambos estuviere subsistente el vínculo de un matrimonio anterior.

12. Cuando se celebra entre una mujer menor de veintiún años, aunque haya obtenido habilitación de edad, y el tutor o curador que haya administrado o administre los bienes de aquélla, siempre que la cuenta de la administración no haya sido aprobada por el juez,

13. Cuando se ha contraído entre los descendientes del tutor o curador de un menor y el respectivo pupilo o pupila; aunque el pupilo o pupila haya obtenido habilitación de edad

14. El matrimonio celebrado en contravención a lo dispuesto en este inciso o en el anterior, sujetará al tutor o curador que lo haya contraído o permitido, a la pérdida de toda remuneración que por su cargo le corresponda sin perjuicio de las otras penas que las leyes le impongan.

 

ARTICULO 140 DEL CODIGO CIVIL

CAMILO A. DUQUE
Abogado civil y de familia, Redactor, Conciliador extrajudicial, generador de estrategias y negocios – universidad la Gran Colombia

Derecho a reclamar alimentos en Colombia

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DERECHO A RECLAMAR ALIMENTOS EN COLOMBIA

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La corte constitucional ha indicado que los alimentos, a los que hace referencia la cuota alimentaria, es aquel derecho que tiene una persona a reclamarla para poder subsistir cuando por sus propios medios no le es posible hacerla.

Hacen parte de los alimentos:  sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación, y todo lo necesario para que en el caso de los niños, niñas y adolescentes puedan vivir de una manera digna, pero también se deben a la mujer que está en estado de embarazo para la manutención de gastos.

Los hijos mayores de edad tienen derecho a reclamar alimentos? SI, pero no en todos los casos, solo cuando este no puede subsistir por sus propios medios, se encuentra estudiando de manera ininterrumpida y este beneficio solo se extiende hasta los 25 años.

Solo los hijos tienen derecho a los alimentos? NO, este derecho puede ser reclamado por:

  • Los hijos, matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos

  • Al cónyuge

  • A los padres naturales o adoptivos

  • A los hermanos legítimos

  • Al cónyuge divorciado o separado sin culpa a cargo del cónyuge culpable

Esta obligación se basa en la necesidad el beneficiario, la capacidad del obligado para brindar la asistencia sin sacrificar su propia existencia y el deber de solidaridad que hay entre el uno y el otro.

CLASES DE ALIMENTOS: necesarios, voluntarios y congruos

Los necesarios son aquellos que se deben para la subsistencia, como la alimentación, la vivienda, servicios.

Los congruos son importantes teniendo en cuenta que estos son los que mantienen un sentido de igualdad entre el obligado y quien los reclama, atendiendo que deben conservar el mismo estilo de vida, nivel social, estrato entre otras.

Los voluntarios son aquellos que se dan son la obligación de proporcionarlos pero ante una eventual demanda se puede comprobar que no se dejo a la otra persona en total abandono y que se brindo la asistencia en su debido momento.

QUE HACE PARTE DEL DERECHO A LOS ALIMENTOS:

  • sustento

  • habitación

  • vestido

  • asistencia médica

  • recreación

  • educación o instrucción

  • en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes

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Ahora entremos a conocer la parte legal.

Si una madre en representación de su hijo  o alguna persona con el derecho a reclamar los alimentos, desea iniciar un proceso porque ha recibido parcial un sustento a nunca ha recibido ayuda par parte de quien estaría obligado, este debe solicitar primero que todo una conciliación ante un consultorio jurídico, centro zonal del instituto colombiano de bienestar familiar o abogado conciliador para generar un acta en la que se acuerde el valor de la mensualidad, regulación de visitas y parámetros adicionales.

Esta acta hace transito a cosa juzgada y presta merito ejecutivo, esto quiere decir que en el caso de incumplir con lo que ahí se pacte se puede interponer una denuncia penal o una demanda ante la jurisdicción de familia para obligar a cumplir con lo estipulado.

 A QUÉ VALOR CORRESPONDE LA CUOTA ALIMENTARIA:

El valor se puede pactar en común acuerdo por medio de la conciliación y este valor no puede superar el 50% sobre el salario que devengue quien los debe.

QUÉ OCURRE SI NO ASISTE A LA CONCILIACIÓN O NO CONCILIA:

En el caso de no conciliar o no asistir a la conciliación el defensor de familia con autonomía podrá establecer bajo su criterio la cuota alimentaria que se debe dar al afectado.

Y SI NO TIENE TRABAJO QUIEN DEBE RESPONDER POR LA CUOTA:

En este caso se asume que devenga al menos 1 salario mínimo legal mensual vigente SMLMV y sobre ese valor se podrá establecer el 50% de ese salario para el cumplimiento de la obligación.

AL CAMBIAR LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PADRE U OBLIGADO:

Cuando desmejoran esas condiciones económicas se puede recurrir a las instancias judiciales por intermedio de apoderado para solicitar la disminución de la cuota alimentaria, indicando el motivo y justificando la situación actual para que pueda continuar cumpliendo.

Un dato adicional, es muy frecuente que las madres de los menores no permitan que sus padres vean a sus hijos por no estar al día en las cuotas alimentarias, pero mucha atención, en este caso los dos están incumpliendo con lo estipulado en el acta de conciliación y pueden ser sancionados ante la jurisdicción penal por este delito.

CAMILO A. DUQUE
Abogado civil y de familia, Redactor, Conciliador extrajudicial, generador de estrategias y negocios – universidad la Gran Colombia

NACIDOS DENTRO O FUERA DEL MATRIMONIO NO CONLLEVA DIFERENCIAS DE TRATO JURÍDICO

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NACIMIENTO DENTRO O FUERA DEL MATRIMONIO NO PUEDE CONLLEVAR DIFERENCIAS DE TRATO JURÍDICO

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Los hijos de crianza por asunción solidaria de la paternidad son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, al igual que lo son los hijos biológicos y adoptivos y de crianza simple, toda vez que el derecho debe ajustarse a las realidades jurídicas, reconociendo y brindando protección a aquellas relaciones en donde las personas no se encuentran unidas únicamente por vínculos jurídicos o naturales. Así mismo, pueden ser incluidos en los casos en los que los trabajadores solicitan el acceso a beneficios contemplados en convenciones colectivas o empresariales y el material probatorio demuestra o permite inferir la existencia de una relación familiar que se fundamenta en vínculos de afecto, respeto y protección entre el menor y el padre de crianza, la cual es apenas natural que exista después de largo tiempo de convivencia familiar.

Podemos interpretar la ley amparando que la ideología de familia está enfocada como una realidad sociológica que antecede a la sociedad y al Estado. La jurisprudencia constitucional ha definido a la familia como “aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos”.

La familia como pilar esencial de la sociedad pretende que dentro de un ambiente de respeto, amor, solidaridad, apoyo, igualdad, intimidad, derechos y obligaciones, sus integrantes logren un equilibrio y estabilidad que les permita desarrollarse a plenitud. 

Ha dicho la Corte que entre sus fines esenciales se destacan la vida en común, la ayuda mutua, la procreación, el sostenimiento y la educación de los hijos. 

En consecuencia, tanto el Estado como la sociedad deben propender a su bienestar y velar por su integridad, supervivencia y conservación.

En síntesis, de acuerdo con el mandato constitucional según el cual, los hijos habidos en el matrimonio y los habidos fuera de él gozan de los mismos derechos y deberes, la jurisprudencia constitucional ha rechazado cualquier forma de discriminación entre ellos, esto es, cualquier diferencia de trato que se base únicamente en que los unos son hijos nacidos dentro de un matrimonio y los otros no. 

Es más, ha reconocido que no existen tipificaciones o clases de hijos, sino que la referencia a matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos tiene su cimiente en los modos de filiación que no pueden ser tenidos en cuenta para ejercer un parámetro de discriminación entre los hijos.

De esta forma, siendo el origen familiar un criterio de distinción constitucionalmente rechazado, la circunstancia de que el nacimiento tenga lugar dentro o fuera del matrimonio no puede conllevar diferencias de trato jurídico en ningún caso, y menos aún en materias directamente relacionadas con el reconocimiento de la personalidad jurídica o con el goce de derechos y de protecciones especiales que deben operar en favor de todos los hijos. 

De igual forma, los hijos adoptivos tienen igualdad de derechos y obligaciones por cuanto en virtud de la adopción ingresan a la familia y se convierten en parte de ésta.

icbf

Aplicado los anteriores criterios al caso concreto, observa la Corte que la expresión “Cuando se trate de hijos extramatrimoniales” es inconstitucional, en cuanto consagra una diferencia de trato entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, por razón de su origen, que resulta a todas luces discriminatoria.

En efecto, mediante dicha expresión, la norma acusada introduce un trato diferencial, que sólo encuentra justificación en el origen de uno y otro, entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, pues sólo respecto de estos últimos aplica la regla que prevé la privación de la patria potestad del padre o madre que niega el reconocimiento del hijo y es declarado tal en juicio contradictorio.

De acuerdo con lo mencionado, se establece que solo hay tres tipos de filiación: matrimonial, extramatrimonial y adoptiva; la expresión “legítimo” cuando se refiere a hijos ha sido declarada inconstitucional por la Corte en diversas oportunidades por considerarla discriminatoria; todos los hijos sin importar su origen filial son iguales ante la ley, por lo tanto, gozan de los mismos derechos y obligaciones y la distinción entre hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos se fundamenta en los modos de filiación, lo que implica que ello no puede ser un parámetro de discriminación en los derechos que les asisten.

Al respecto, la Sala estima necesario precisar las siguientes reglas que se derivan de la mayoría de las sentencias analizadas:

(a) Para calificar a un menor como hijo de crianza es necesario demostrar la estrecha relación familiar con los presuntos padres de crianza y una deteriorada o ausente relación de lazos familiares con los padres biológicos. 

El primero de los elementos supone la existencia real, efectiva y permanente de una convivencia que implique vínculos de afecto, solidaridad, ayuda y comunicación. 

El segundo de los elementos supone una desvinculación con el padre o madre biológicos según el caso, que evidencie una fractura de los vínculos afectivos y económicos. 

Ello se puede constatar en aquellos casos en los cuales existe un desinterés por parte de los padres para fortalecer sus lazos paterno-filiales y por proveer económicamente lo suficiente para suplir las necesidades básicas de sus hijos.

(b) De la declaratoria de hijo de crianza, se pueden derivar derechos y obligaciones. 

Teniendo en cuenta que los asuntos relativos al estado civil de las personas y a la filiación son materia exclusiva del legislador, cuando se establezca la existencia de un hijo de crianza, madre o padre de crianza debe existir certidumbre acerca de dicha condición de acuerdo con el material probatorio que obre en el expediente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, le corresponde a la Sala como resultado determino en la parte motiva de esta providencia el accionante tiene derecho a lo pretendido en la demanda de tutela, ya que se puede concluir que:

derecho de los niños

Primero. La familia es una realidad social de todos los tiempos, que goza de una amplia regulación a nivel interno e internacional que busca garantizar bienestar y velar por la supervivencia, conservación e integridad. La familia puede ser conformada por vínculos naturales o jurídicos y varía según sea su composición familiar.

Segundo. Sólo hay tres tipos de filiación que son matrimonial, extramatrimonial y adoptiva. Todos los hijos, sin importar su Origen Filial, son iguales ante la ley y, por lo tanto, gozan de los mismos derechos y obligaciones.

Tercero. Los asuntos relativos a la filiación y al estado civil de las personas son de orden público y de competencia exclusiva del legislador con fundamento en el artículo 42 de la Constitución Política y tal como lo ha reconocido la jurisprudencia en la sentencia C-258 de 2015. 

Es así como el legislador en la Ley 29 de 1982, en el Código Civil, específicamente en los Títulos X, XI, XII y XIV, y en el Código de la Infancia y la Adolescencia, al aludir de hijos se refiere de manera exclusiva a los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, distinción que sólo es válida para efectos de filiación, puesto que gozan de los mismos derechos y obligaciones. 

A su vez, únicamente es posible establecer parentesco por consanguinidad, afinidad o civil.

Cuarto. La categoría “hijos de crianza” es de creación jurisprudencial; por lo tanto, el juez al momento de declarar la existencia de dicho vínculo debe hacerlo con base en un sólido y consistente material probatorio del que derive unos fuertes lazos familiares existentes entre los menores y su padre de crianza, así como la constatación de una ausencia de vínculo o muy deteriorada relación entre el menor y su padre biológico. Por cuanto de dicha declaratoria más adelante se pueden derivar otro tipo de consecuencias jurídicas.

Quinto. El debido proceso es una garantía constitucional de la que gozan todos los ciudadanos. Esto les impone a las autoridades administrativas atender a las solicitudes de las personas presentando una adecuada motivación, teniendo en cuenta los procedimientos dispuestos para ello.

Sthefanny Feney Gallo Herrera
Abogada, Conciliadora e Investigadora de la Universidad la Gran Colombia