Daños Causados A Líderes Sociales Y Defensores De Derechos Humanos

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DAÑOS CAUSADOS A LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

DAÑOS CAUSADOS A LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

¿Quien responde por las muertes a líderes sociales y defensores de derechos humanos? 

Desde hace muchas décadas estamos afrontando la represión y homicidios a nuestros líderes sociales y defensores de derechos humanos principalmente campesinos, indígenas y afros, como si ser parte del cambio fuera un delito y la justicia no actúa para protegerlos.

Estos hechos se presentan por el dominio de territorio de grupos terroristas, narcotraficantes y pequeños grupos que se disputan el microtrafico.

El estado está en la obligación de proteger a los lideres, miembros políticos y en general a toda la población y debido a estos hechos la nación tiene demandas por haberles retirado el esquema de seguridad a líderes amenazados y en zonas de conflicto armado, además de esto también se registran billonarias demandas por muertes causadas a manos de grupos terroristas.

DAÑOS CAUSADOS A LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Aunque se ha incentivado la protección al ciudadano y la presión al terrorismo es insuficiente y el gobierno nacional no ofrece alternativas para frenar la ola de violencia que se ha registrado.

De acuerdo con la contraloría “entre 2015 y 2017 se dedicaron $ 978.295 millones a medidas en pro de personas amenazadas, lo que representa el 61 por ciento de los recursos invertidos en esquemas de seguridad. El otro 39 por ciento, $ 618.307 millones, se invirtió para protección a personas “en virtud de cargos o dignidades”

A pesar de estas cifras sigue siendo el estado el responsable por la seguridad de los activistas sociales, pacifistas y ciudadanos que por hechos violentos han perdido la vida.

Contáctenos si considera que fue víctima de este delito:


DUQUE ORTIZ ABOGADOS
310-5518704
atencionalcliente@abogadosdo.com

www.abogadosdo.com 

 

CAMILO A. DUQUE
Abogado civil y de familia, Redactor, Conciliador extrajudicial, generador de estrategias y negocios – universidad la Gran Colombia

Demanda Administrativa Contra El Ministerio De Minas, La Agencia Nacional De Hidrocarburos Y Ecopetrol

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DEMANDA ADMINISTRATIVA CONTRA EL MINISTERIO DE MINAS, LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y ECOPETROL

DEMANDA ADMINISTRATIVA CONTRA EL MINISTERIO DE MINAS, LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y ECOPETROL

Las demandas administrativas en contra del ministerio de minas, la agencia nacional de hidrocarburos y ECOPETROL particularmente hablando, se debe principalmente a los daños ambientales que produce, ha producido y producirán.

Nuestros abogados cuentan con la experiencia en estos temas, por lo tanto no dude en consultarnos para evaluar su caso y brindar asistencia inmediata.

¿Por que abordamos este tema? Es necesario remontarnos hacia el pasado para ver que el daño ambiental no era alto, la deforestación, calidad del aire, tamaño de las ciudades no era elevado – en la actualidad podemos evidenciar que los bosques cada vez son menos, el aire tiene partículas contaminantes cada vez más grandes, el crecimiento de las ciudades es mayor produciendo daños irreparables al medio ambiente y todo esto se está dando a una gran velocidad.

La minería legal e ilegal dan como resultado extracción de materiales valiosos, pero a costa del daño ambiental y degenerativo, además del daño a la salud de quienes viven cerca de los sitios donde se dan estas prácticas.

DEMANDA ADMINISTRATIVA CONTRA EL MINISTERIO DE MINAS, LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y ECOPETROL

Pero regresando al primer punto, estas tres entidades son las más demandadas en Colombia debido a los perjuicios que generan a la sociedad, concibiendo sentencias por más de 62 billones de pesos.

Estas demandas se deben a daños ambientales, malas condiciones laborales de sus empleados, omisión de funciones, manejos deficientes en el sector hidrocarburos como el daño por su derrame, deficiencia en la prestación de servicio eléctrico, entre otros.

Si bien es cierto, todos estos factores deterioran la salud y la calidad de vida de quienes habitan y circunscriben cerca de los territorios donde operan estas entidades y otorgan permisos de labores, así que al ver los resultados se establece que el funcionamiento o administración de estas entidades no está bien encaminada y se está corrompiendo hacia intereses de terceros.

DEMANDA ADMINISTRATIVA CONTRA EL MINISTERIO DE MINAS, LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y ECOPETROL

Recuerde que si sufre alguna enfermedad a causa de estas actividades, evidencia daños ambientales, su territorio se encuentra en grave afectación por las labores sin estudios previos,  siente que sus derechos como ciudadano está siendo vulnerado puede contactarnos y nuestro grupo de abogados evaluara su caso para enseñar el procedimiento que puede generar y actuar en su beneficio.

Contáctenos si considera que fue víctima de este delito:

 

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Abogado civil y de familia, Redactor, Conciliador extrajudicial, generador de estrategias y negocios – universidad la Gran Colombia

Negligencia Médica Administrativa O Civil En Colombia

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NEGLIGENCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA O CIVIL EN COLOMBIA

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La negligencia médica en Colombia es un tema recurrente, principalmente en temas estéticos pero sin dejar de lado aquellas prácticas medicas vitales para garantizar el derecho a la salud y la vida digna.

Frente al punto estético se debe garantizar efectos de resultado y no de medio, refiriéndonos a que un paciente puede decidir como quedar al final de la cirugía y el médico debe cumplir con ese mandato, pero en caso de no poder hacerlo, debe ser claro con el paciente antes de la practica.

En las cirugías medicas, la principal responsabilidad del profesional es garantizar que se mitigue el problema de salud y garantizar una calidad de vida estable y duradera, por ejemplo una apendicitis, aunque pueda dejar una cicatriz lo importante será evitar que se agrave el estado de salud y salvaguardar la vida del paciente.

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¿Por qué se presenta el daño en el paciente? Debido a la mala praxis médica se genera daño físico o sicológico por error médico, error de diagnostico, protocolos médicos erróneos, principalmente por falta de pericia u omisión del deber profesional del médico, o por no realizarse el procedimiento en lugares adecuados para tal fin, generando infecciones, falta de controles posquirúrgicos entre otros.

¿Quién debe responder en caso de existir negligencia médica? Principalmente se debe analizar si se cumplieron con los protocolos y el efecto que debía producir la cirugía.

El error médico responsabiliza al profesional de manera individual en primera medida a quien se le puede iniciar un proceso civil para la reparación de los daños.

Cuando el daño se ha presentado en una clínica particular la responsabilidad es de tipo civil y tanto el profesional como la institución deberán responder penal y civilmente para resarcir  los daños físicos, económicos, psicológicos, etc.

El error médico responsabiliza al profesional de manera individual en primera medida a quien se le puede iniciar un proceso civil para la reparación de los daños.

Nuestros abogados cuentan con la experiencia en estos temas, por lo tanto no dude en consultarnos para evaluar su caso y brindar asistencia inmediata.

Para la representación legal, nuestros abogados realizaran un análisis de viabilidad en el cual indicaremos los documentos, pruebas y demás datos de importancia para generar el proceso judicial y que se reconozca lo que por derecho se debiera dar.

ABOGADOS ADMINISTRATIVOS - DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO

Siempre recomendamos en cuanto a cirugías estéticas revisar que sea un profesional autorizado por la secretaria de salud, con experiencia verificable y con las pruebas suficientes para determinar que sea idóneo en su labor; evitar realizarlo en clínicas no autorizadas o con falsas promesas ya que si algo llega a ocurrir nadie  le responderá por los daños a su salud e integridad.

Contáctenos si considera que fue víctima de este delito:

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CONDENADO INJUSTAMENTE Y DECLARADO INOCENTE – DEMANDAS AL ESTADO

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CONDENADO INJUSTAMENTE Y DECLARADO INOCENTE – DEMANDAS AL ESTADO

CONDENADO INJUSTAMENTE Y DECLARADO INOCENTE – DEMANDAS AL ESTADO

En Colombia hemos escuchado casos en los cuales personas han sido condenadas por diferentes delitos, años después son declarados inocentes, pero esto no se detiene en ese punto ya que el daño psicológico, social, familiar, personal entre otros ya se ha causado por no generarse una investigación completa.

Nuestros abogados cuentan con la experiencia en estos temas, por lo tanto no dude en consultarnos para evaluar su caso y brindar asistencia inmediata.

¿Quién responde? Es una pregunta que muchos se hacen y es necesario aclarar que no recae la responsabilidad sobre el abogado de victimas o sobre el fiscal a título personal, – a menos que hayan incurrido en acciones ilícitas para formalizar el proceso – pero si sobre la entidad directamente, por lo que se puede iniciar un proceso en contra del estado para la reparación económica una vez se haya concluido que es inocente.

El tiempo no se puede recuperar pero los daños económicos si, aunque parezca insatisfactorio puede ser equitativo.

¿Qué hacer si considera que es inocente y hay un fallo en contra? Una vez terminado el proceso y se emite fallo condenatorio se asume que el proceso ha finalizado conforme a la ley, pero si posterior a esto aparece una prueba que puede causar una duda, o puede dar fe de que los hechos no fueron como se plantearon en el juicio se deberá recurrir a la Corte Suprema De Justicia para interponer la acción de revisión, esto quiere decir que se abre una oportunidad más para demostrar la inocencia de quien ya fue juzgado.

demandas contra el estado

Siendo esto un incentivo para que la ley no quede impune, se abren las puertas a una nueva investigación, demorada debido a la exhaustiva investigación que se debe iniciar nuevamente y compleja porque todo caso reabierto tiene una doble carga procesal, ya que no solo debe probar los nuevos hechos en el juicio sino que el abogado deberá llevar a cuestas el fallo que lo ha declarado culpable anteriormente.

De esta manera es posible que se haga justicia y que quienes no hayan cometido delitos puedan ser eximidos de responsabilidad.

¿Por qué ocurren estos hechos de injusticia? Se han presentado casos en los que se quieren resultados inmediatos por parte de las autoridades, catalogados como falsos positivos en los que por el afán de dar resultados impulsados por los medios de comunicación o la misma ciudanía, se termina juzgando al primer indiciado.

En otras oportunidades por hechos de corrupción dentro de las entidades jurisdiccionales como se ha demostrado en hechos recientes, y por ultimo por la mala práctica investigativa de la fiscalía, en la que no se genera la recolección propia de pruebas para identificar al verdadero culpable omitiendo el principio de la presunción de inocencia al que todo colombiano debe incluirse.

Además de lo anterior puede sumarse la carga procesal al que se someten los jueces y las pocas herramientas con que cuenta el ente investigador, generando recurrentes errores que permite evidenciar inocentes en las cárceles y delincuentes en las calles.

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Abogados Administrativos – Derecho Contencioso Administrativo Colombiano

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ABOGADOS ADMINISTRATIVOS - DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO

ABOGADOS ADMINISTRATIVOS - DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO

El derecho contencioso administrativo tiene por objeto el cumplimiento de los funciones estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley.

En Colombia el incumplimiento de las leyes por parte de sus funcionarios y por intermedio de las entidades del estado, faculta a los ciudadanos a ejercer sus derechos y por medio de este mecanismo iniciar las demandas para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad.

Los abogados de Duque Ortiz estamos prestos a brindar asistencia en las siguientes áreas:

  • Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
  • Acción de reparación directa
  • Compra de sentencias ejecutoriadas
  • Cobros de sentencias administrativas y actas de conciliación. 
  • Derecho Ambiental.
  • Derecho constitucional.
  • Acción popular
  • acción de grupo
  • acción de cumplimiento
  • Contratación Estatal.
  • Derecho contencioso Administrativo.
  • Demandas contra el Estado
  • Acciones de tutela
  • Derecho laboral administrativo.
  • Conciliación
  • Derecho de petición, reclamación, queja, solicitud
  • Recursos
  • Responsabilidad médica

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Celular: 310-5518704

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Corte Constitucional se pronuncia sobre responsabilidad de los municipios en relación con habitantes de zonas de alto riesgo

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Corte Constitucional se pronuncia sobre responsabilidad de los municipios en relación con habitantes de zonas de alto riesgo

Corte Constitucional se pronuncia sobre responsabilidad de los municipios en relacion con habitantes de zonas de alto riesgo

Con este presento artículo pretendo preveer la implementación de una política pública dirigida a identificar y evacuar las zonas de alto riesgo, con el fin de proteger los bienes y derechos de los habitantes.

 

En ese contexto, de acuerdo con lo expuesto el municipio tiene, primero, el deber de emprender acciones de prevención para identificar las construcciones que se encuentren en zona de alto riesgo no mitigable; segundo, en caso de presentarse una urgencia, debe proteger la vida de las personas cuyos derechos están amenazados de forma inmediata, entre otra medidas, a través de la reubicación en un lugar seguro; tercero, a mediano plazo, le corresponde ejecutar los planes según los resultados de los estudios técnicos y planear políticas de reubicación o reparación de predios, si es necesario; y cuarto, a largo plazo, las autoridades locales deberán asignar otra vivienda definitiva a través de los planes de vivienda que tenga el Estado y la entidad territorial.

zonas de alto riesgo

En particular, el artículo 56 de la normativa, modificado por el artículo 5 de la Ley 3 de 1991, asigna a los Alcaldes la obligación de realizar un censo en las zonas de alto riego de deslizamiento y ordena efectuar la reubicación de las personas que se encuentren “en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.

Por su parte, la Ley 388 de 1997 precisa que el componente urbano del plan de ordenamiento territorial debe contener por lo menos “los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación”. En desarrollo de la norma anterior, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 determina que corresponde a los municipios, prevenir y atender los desastres en su jurisdicción, adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo, y reubicar los asentamientos que allí se ubiquen.

En varias ocasiones la Corte Constitucional ha conocido casos de tutela que reclaman la protección del derecho a la vivienda digna y a la integridad personal, entre otros, amenazados por el estado de las casas de los peticionarios. En general, estos casos son complejos porque confluyen varias responsabilidades y se debe adelantar un proceso para asegurar la protección de los derechos, pues no basta con una única acción. Una primera etapa de este proceso implica conocer, con certeza, la situación del terreno en el cual se ubica la vivienda para saber si se trata de una zona de riesgo. En caso que la zona sea de riesgo, debe indagarse si es mitigable para determinar si basta con adelantar las reparaciones o adecuaciones necesarias, que pueden ser a largo o a corto plazo.

La Corte ha establecido que el derecho fundamental a la vivienda digna conlleva la obligación correlativa a cargo del Estado, de garantizar que las personas residan en viviendas que se ubiquen en lugares en donde la seguridad e integridad de sus habitantes no esté amenazada. Lo anterior implica que las autoridades municipales deben tener la información actual y completa de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes; mitigar el riesgo generado por la inestabilidad del terreno en donde se ubican las viviendas habitadas, si ello es posible; y cuando los hogares estén situados en una zona de alto riesgo no mitigable, adoptar políticas de reubicación en condiciones dignas.

En particular, el artículo 56 de la normativa, modificado por el artículo 5 de la Ley 3 de 1991, asigna a los Alcaldes la obligación de realizar un censo en las zonas de alto riego de deslizamiento y ordena efectuar la reubicación de las personas que se encuentren “en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. Por su parte, la Ley 388 de 1997 precisa que el componente urbano del plan de ordenamiento territorial debe contener por lo menos "los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación". En desarrollo de la norma anterior, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 determina que corresponde a los municipios, prevenir y atender los desastres en su jurisdicción, adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo, y reubicar los asentamientos que allí se ubiquen. En varias ocasiones la Corte Constitucional ha conocido casos de tutela que reclaman la protección del derecho a la vivienda digna y a la integridad personal, entre otros, amenazados por el estado de las casas de los peticionarios. En general, estos casos son complejos porque confluyen varias responsabilidades y se debe adelantar un proceso para asegurar la protección de los derechos, pues no basta con una única acción. Una primera etapa de este proceso implica conocer, con certeza, la situación del terreno en el cual se ubica la vivienda para saber si se trata de una zona de riesgo. En caso que la zona sea de riesgo, debe indagarse si es mitigable para determinar si basta con adelantar las reparaciones o adecuaciones necesarias, que pueden ser a largo o a corto plazo. La Corte ha establecido que el derecho fundamental a la vivienda digna conlleva la obligación correlativa a cargo del Estado, de garantizar que las personas residan en viviendas que se ubiquen en lugares en donde la seguridad e integridad de sus habitantes no esté amenazada. Lo anterior implica que las autoridades municipales deben tener la información actual y completa de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes; mitigar el riesgo generado por la inestabilidad del terreno en donde se ubican las viviendas habitadas, si ello es posible; y cuando los hogares estén situados en una zona de alto riesgo no mitigable, adoptar políticas de reubicación en condiciones dignas.

Por lo tanto se extrae de lo expuesto que la situacion de la vivienda ha variado considerablemente en el curso de los últimos ocho meses, pues pasó de presentar algunas grietas a ser un lugar riesgoso para sus residentes.

Este último punto se traduce en una afectación al derecho a la vivienda digna, pues la casa del accionante y su familia no cumple una de las características definitorias del derecho, como es la habitabilidad.

Frente a este punto, la Sala reitera que, como se indicó en los fundamentos normativos de esta providencia, el derecho a la vivienda no se agota con la existencia de un lugar para residir de conformidad con el proyecto cultural y de vida de cada persona, sino que ese espacio debe cumplir condiciones indispensables para asegurar la seguridad de propietarios y terceros.

No puede ser fuente de amenazas a la salud, a la vida o a la integridad personal.

Contrario a tales aspiraciones, el inmueble en el que habitaban el actor y su familia tenía grietas y fisuras que constituían una amenaza para sus derechos.

Una vez comprobada la afectación intensa de un derecho constitucional, la respuesta institucional no puede limitarse a indicar la existencia de fallas en la construcción, sino que deben activarse las competencias de las entidades territoriales para asegurar la protección urgente de los derechos amenazados ante el deteriorado estado de la vivienda.

Las autoridades municipales tienen un deber legal y constitucional de prevenir y actuar frente a posibles desastres, como el que podría derivarse del colapso de una casa.

Sthefanny Feney Gallo Herrera
Abogada, Conciliadora e Investigadora de la Universidad la Gran Colombia