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Interdicción Por Disipación –Abogados De Familia

Interdicción Por Disipación –
Abogados De Familia

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INTERDICCIÓN POR DISIPACIÓN – ABOGADOS DE FAMILIA

Duque Ortiz Abogados: Demanda de Interdicción Por Disipación

Demanda de Interdicción Por Disipación: Entre las personas con incapacidad jurídica que no pueden administrar autónomamente su patrimonio el Código Civil incluye, junto a los menores de edad y a quienes padecen demencia, a los “disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo”

La disipación consiste en una marcada propensión a derrochar bienes materiales, que la ley busca evitar, con miras a proteger al malgastador, a su familia y a sus acreedores, así como también a terceras personas que puedan llegar a contratar con él. La manera como la ley consigue hacer efectiva esta protección, consiste en la limitación del ejercicio del derecho de propiedad. El disipador, a diferencia del demente, no carece completamente de discernimiento; tan sólo carece de capacidad para llevar a cabo el acertado manejo de sus bienes. Por esta razón su incapacidad no es absoluta sino relativa, como lo dispone el artículo 1504 del Código Civil modificado por el artículo 60 del Decreto 2820 de 1974, y se concreta en la imposibilidad de administrar por sí mismo sus propios bienes.

La presunción general de ausencia de un consentimiento libre en cabeza del hijo para llevar a cabo la administración de los bienes de su padre, resulta razonable. La solución contraria, además de  romper el orden normal de los papeles en el seno de la familia colombiana, atenta contra el orden jerárquico que fundamenta la estructura familiar, y sería, por ello, fuente de conflictos intrafamiliares, con lo cual se desconoce el propósito constitucional de propender por la armonía y la unidad de la familia como núcleo o fundamento de la sociedad. La prohibición que ocupa la atención de la Corte, no resulta hoy en día extraña, ni establece una discriminación que la haga inconstitucional. Los hijos no están, frente a sus padres, en la misma posición de los demás parientes llamados por la ley a ejercer la curaduría del disipador, toda vez que estos últimos no se encuentran vinculados por la obligación moral de respeto y obediencia. Esta diferencia de posiciones, descarta la violación del principio de igualdad por parte de la normatividad demandada, toda vez que, como es sabido, la igualdad en el terreno jurídico se predica de sujetos colocados en el mismo supuesto de hecho, a quienes, en tal virtud, se les debe deducir una idéntica consecuencia jurídica.

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