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Abogados Para Demandas Al Estado Por Daños Ambientales

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Abogados Para Demandas Al Estado Por Daños Ambientales

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DEMANDAS AL ESTADO POR DAÑOS AMBIENTALES

A que nos referimos con daños ambientales y ecológicos? 

Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 

  1. a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica; 

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b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; 

c) Las alteraciones nocivas de la topografía; 

d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

e) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 

f ) Los cambios nocivos del lecho de las aguas; 

g ) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales o de recursos genéticos; 

h ) La introducción y propagación de enfermedades y de plagas; 

i) La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos de sustancias peligrosas; 

j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 

k) La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria; 

l) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios; 

m) El ruido nocivo; 

En particular, el artículo 56 de la normativa, modificado por el artículo 5 de la Ley 3 de 1991, asigna a los Alcaldes la obligación de realizar un censo en las zonas de alto riego de deslizamiento y ordena efectuar la reubicación de las personas que se encuentren “en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. Por su parte, la Ley 388 de 1997 precisa que el componente urbano del plan de ordenamiento territorial debe contener por lo menos "los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación". En desarrollo de la norma anterior, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 determina que corresponde a los municipios, prevenir y atender los desastres en su jurisdicción, adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo, y reubicar los asentamientos que allí se ubiquen. En varias ocasiones la Corte Constitucional ha conocido casos de tutela que reclaman la protección del derecho a la vivienda digna y a la integridad personal, entre otros, amenazados por el estado de las casas de los peticionarios. En general, estos casos son complejos porque confluyen varias responsabilidades y se debe adelantar un proceso para asegurar la protección de los derechos, pues no basta con una única acción. Una primera etapa de este proceso implica conocer, con certeza, la situación del terreno en el cual se ubica la vivienda para saber si se trata de una zona de riesgo. En caso que la zona sea de riesgo, debe indagarse si es mitigable para determinar si basta con adelantar las reparaciones o adecuaciones necesarias, que pueden ser a largo o a corto plazo. La Corte ha establecido que el derecho fundamental a la vivienda digna conlleva la obligación correlativa a cargo del Estado, de garantizar que las personas residan en viviendas que se ubiquen en lugares en donde la seguridad e integridad de sus habitantes no esté amenazada. Lo anterior implica que las autoridades municipales deben tener la información actual y completa de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes; mitigar el riesgo generado por la inestabilidad del terreno en donde se ubican las viviendas habitadas, si ello es posible; y cuando los hogares estén situados en una zona de alto riesgo no mitigable, adoptar políticas de reubicación en condiciones dignas.

n) El uso inadecuado de sustancias peligrosas;

o) La eutrofización, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y lagunas;

p) La concentración de población humana urbana o rural en condiciones habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud

Entonces al evidenciar las anteriores acciones concluimos que se puede generar una afectación de manera individual o a un grupo de personas indeterminadas, por lo tanto las acciones legales deben ser inmediatas antes de que ese daño sea irreparable.

Para esto se debe recurrir a un análisis general de daños, prestación de servicios, permisos ambientales y una generación de viabilidad para iniciar la demanda en los términos legales pertinentes y frenar las actividades irregulares o pedir la reparación por los daños y perjuicios.

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