Abogado civil para Reconocimiento de guardador testamentario y discernimiento: La tutela constituye una figura particular en el sistema de guardas creado en el Código Civil, a la que están sujetos los impúberes.

La condición de impúber se encuentra indisolublemente ligada a la capacidad negocial en materia civil y comercial, y se halla relacionada con la posibilidad de disponer libremente de los derechos patrimoniales, con lo cual la concesión de este tipo de medidas que limitan las posibilidades de participación en el tráfico jurídico por parte de los menores de edad, en últimas, pretende protegerlos de eventuales lesiones patrimoniales que no logran advertir quienes se encuentran en un incipiente proceso de desarrollo.

De manera general los cargos de tutor o curador no sólo se extienden a los bienes del incapaz, sino que incluyen a la persona de los individuos sometidos a estas guardas.

En el caso colombiano, entonces, las guardas comprenden estos dos deberes de protección y en el caso del tutor se encuentra encargado del cuidado personal del impúber.

El Artículo 519 de Código Civil establece que: “El pupilo no residirá en la habitación o bajo el cuidado personal de ninguno de los que, si muriese, habrían de suceder en sus bienes.

No están sujetos a esta exclusión los ascendientes legítimos, ni los padres naturales”. Se observa entonces que la restricción de convivencia contenida en el inciso 1° sólo habrá de aplicarse a los hermanos del pupilo y los hermanos de los ascendientes del pupilo, toda vez que son ellos quienes, en caso de muerte del menor, cuentan con vocación sucesoral.

Por su parte, las personas que ocupan el primer nivel y que, por consiguiente, de manera prioritaria han de ocupar el cargo de tutor del menor se encuentran eximidos de dicha restricción en la medida en que el inciso 2° del artículo 519 establece que la limitación de convivencia no será oponible a los ascendientes legítimos, ni los padres naturales, y de acuerdo a la actual redacción de la disposición objeto de demanda, la aludida limitación de convivencia sería aplicable, además de los sujetos que acaban de ser señalados, a los ascendientes naturales diferentes a los padres del menor y a los ascendientes de la familia adoptiva del menor.

Se llama discernimiento el decreto judicial que autoriza al tutor o curador para ejercer su cargo. Toda tutela o curaduría debe ser discernida

La protección ofrecida a los menores de edad con la restricción de convivencia y cuidado personal frente a personas que guarden la expectativa de sucederlos; no sólo constituye una encomiable labor que encuentra asidero en el texto constitucional, sino que es desarrollo del mandato constitucional en virtud del cual el Estado se encuentra llamado a conjurar todas las actuaciones que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de los niños y niñas, además que constituye un instrumento adecuado para la consecución del fin al cual se encuentra comprometido el artículo 519 del Código Civil.

En tal medida, la limitación del desarrollo de este tipo de labores por parte de personas que guarden una expectativa de sucesión frente al menor se erige como un mecanismo que de forma efectiva garantiza el amparo a la vida y la integridad personal de los niños y niñas, toda vez que conjura de manera anticipada las eventuales amenazas que se puedan cernir sobre los impúberes sometidos a tutela. Así, esta norma jurídica, que en principio busca un fin constitucionalmente legítimo consistente en la salvaguarda de la vida y la integridad personal de los pupilos, en la práctica hace completamente nugatorio su derecho fundamental a tener una familia y a no ser separados de ella.

En este punto resulta forzoso indicar que, como acaba de ser señalado, la tarea de asegurar protección a tan altos bienes jurídicos en cabeza de sujetos de especial protección, es una labor inaplazable. No obstante, los medios elegidos por el Legislador no pueden implicar el sacrificio absoluto de otras garantías iusfundamentales que, a su vez, ocupan un lugar de notable prevalencia en el ordenamiento. En consecuencia, según lo impone el principio de armonización constitucional, la realización de los fines constitucionales debe llevarse a cabo de manera tal que no implique la negación absoluta de otros propósitos y, más aún, de otros derechos fundamentales.

A juicio de la Sala el establecimiento de una restricción de las dimensiones anotadas resulta por completo desproporcionada en la medida en que obstaculiza en todos los casos el derecho fundamental reconocido a los menores de edad a tener una familia pues las personas que tienen vocación sucesoral frente a su patrimonio son, precisamente, sus familiares más cercanos.

En cuanto a la existencia de medios alternativos menos lesivos del derecho fundamental, la Corte estima que el discernimiento de las guardas constituye un instrumento igualmente idóneo para asegurar, no sólo la integridad y el bienestar físico del menor, sino adicionalmente la mejor elección entre los candidatos disponibles para desempeñar el cargo de tutor de acuerdo a las calidades morales de las personas que se encuentran llamadas a asumir el cargo.